El Gobierno de Milei arremete con su política restrictiva antiinmigrantes y antiextrangeros como también de rechazo u hostilidad hacia las personas que llegan para residir a el país. A partir del 11 de agosto de 2026, reglamentó por Resolución 1066/2026 publicada en el Boletín Oficial su decreto de cobrar la atención sanitaria a extranjeros no residentes en hospitales públicos nacionales, lo que marca un giro polémico y rotundo en la tradición argentina de universalidad y solidaridad en el acceso a la salud.