«Anímense a ofrecer nuevas alternativas para disfrutar nuestros parques al tiempo que los cuidamos como nunca. Un país libre es un país donde los operadores turísticos pueden inventar miles de experiencias para que argentinos y extranjeros gocen de nuestros parques», dice la invitación oficial del ministro Sturzzeneger.
De acuerdo a la medida que reemplaza por completo el régimen vigente desde 2002, se eliminan concesiones exclusivas, se digitalizan trámites y se abre la competencia. Pero lo que se viene es preocupación de organizaciones ambientales sobre la capacidad de fiscalización y el impacto acumulativo de más actores en ecosistemas frágiles.
La medida se inscribe en una lógica de desregulación económica aplicada al ámbito ambiental. Si bien democratiza el acceso al mercado turístico y reduce trabas burocráticas, también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar que la conservación no quede subordinada al negocio.
En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, la flexibilización de normas puede convertirse en un arma de doble filo: más visitantes y más ingresos, pero también más impactos acumulativos. La clave estará en la eficacia de los controles y en la voluntad política de priorizar la protección de los ecosistemas frente a la presión del mercado.
Problemáticas a nivel regional
Una desregulación similar a nivel regional no estuvo exenta de ciertas problemáticas. Mientras algunos países avanzan hacia la desregulación para atraer inversión y visitantes, otros refuerzan esquemas de concesión con criterios de sustentabilidad. El contraste revela tanto oportunidades como riesgos.
- En Chile produjo conflictos socioambientales en la Patagonia por turismo intensivo y proyectos energéticos.
- En Brasil generó también una sobrecarga turística en la Amazonía y parques urbanos, con impactos en biodiversidad y comunidades indígenas.
- En Colombia concesiones reguladas desde 2005, con operadores especializados bajo normas ambientales estrictas.
- En México el modelo de turismo sustentable con participación comunitaria y valoración de servicios ecosistémicos.
La Argentina se diferencia al apostar por la competencia abierta, mientras otros países mantienen esquemas de concesión regulada.
Los expertos ambientales alertan que la apertura masiva que genera esta desregulación puede replicar problemas ya observados en Chile y Brasil.
Desventajas y riesgos ambientales
Presión sobre ecosistemas frágiles: La apertura masiva de permisos puede incrementar la carga turística en áreas protegidas, afectando flora, fauna y suelos.
Fiscalización insuficiente: Aunque se delegan facultades a intendencias y a la Dirección Nacional de Uso Público, la capacidad de control ambiental y de seguridad puede verse desbordada.
Conservación subordinada al uso: La frase oficial “Conservar no es no usar: es cuidar” refleja una visión utilitarista que podría priorizar la explotación turística sobre la preservación.
Riesgo de infraestructura invasiva: Los anexos técnicos regulan actividades e instalaciones, pero la flexibilización puede abrir la puerta a construcciones que alteren paisajes y hábitats.
Desigualdad territorial: Parques con mayor atractivo turístico recibirán más presión, mientras que otros podrían quedar relegados, generando desequilibrios en la gestión.
La amenaza se extiende a las ONG ambientales que observan una tensión entre conservación y mercado. Las diversas comunidades locales aledañas e incluso dentro de los parque temen que a partir de esta medida, se agudice la llegada de nuevos prestadores invisibilice proyectos comunitarios y aumente la presión sobre recursos naturales.
Economistas regionales si bien destacan la oportunidad de dinamizar economías locales, advierten también que sin planificación ambiental el beneficio será efímero.
El nuevo reglamento argentino se convertirse desde hoy en un laboratorio regional sobre la capacidad de controles ambientales efectivos y a la vez, si la desregulación se traduce en sobreexplotación, repetirá los errores de países vecinos.
