La crisis financiera por la que atraviesa la Provincia de Salta muestra varias caras. La más importante se manifiesta en la continuidad del déficit institucional como consecuencia de la preservación de la estructura romerista en el oficialismo y la expansión de las contradicciones en cada acto de gobierno.
A más de 200 días de la asunción, la obediencia política se erige en un código conveniente para los legisladores sobrevivientes, a los que se suman los representantes del PRS y PV que sopesan con atención la conflictiva relación entre Cristina Kirchner y Julio Cobos.
Son pocos los que pueden pregonar un “paladar negro” urtubeysta, y esperan que el mandatario defina quienes lo acompañarán en su derrotero inmediato. Por lo pronto, la incertidumbre los conduce al apoyo casi irrestricto a las iniciativas del Poder Ejecutivo, aunque se muestran prudentes a la hora de ejercitar la defensa de una gestión todavía híbrida.
La justicia exhibe mayor turbulencia como consecuencia de medidas que involucraron el recambio de las cúpulas del Poder Judicial y el Ministerio Público. A pocos escapa que Rodolfo José Urtubey es el que digita el ingreso de magistrados y funcionarios compatibles con sus intereses y que a primera vista indican que se imprime al estamento un perfil conservador a pesar de la declamación progresista.
Bajo el maquillaje de la consulta ciudadana, se intenta conformar una mayoría automática en la Corte y ratifican las propuestas gestadas con hermetismo, haciendo caso omiso a impugnaciones o quejas.
La intolerancia los conduce ahora a modificar la reglamentación del proceso para evitar supuestos desgastes prolongados a los postulados. Acaso no debiera repararse en que el desgaste no es producto de estrategias de desestabilización sino de una mala elección por parte del proponente? En el caso inaugural ha quedado en evidencia que al último acto se le imprimió vértigo senatorial similar al asignado a Gustavo
Ferraris.
Las denuncias que comprometían al candidato –sin que se sepa en qué medida- no fueron requeridas por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Esta omisión puede calificarse como ingenua cuando a cuestionamientos del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel o el Centro de Estudios Legales y Sociales Nicolás Juárez Campos las relativizó sin temor al bochorno?
No resulta un dato menor que las cámaras legislativas hayan ratificado sus conducciones y que el gobernador no logre construir una alternativa al conglomerado que hasta hace ocho meses integraban los romeristas. El acuerdo también trasluce la imposibilidad de conformar tropa propia, tanto por las lealtades subsistentes al senador nacional Juan Carlos Romero, como por la confusión de adhesiones que ven sus apoyos refractados por igual y terminan dispersando el apoyo.
Yarade es el alfil de un sector financiero al que se prevé acudir de profundizarse la crisis y en el que emerge Jorge Brito como garante y prestidigitador. Es este senador el que acompaña al gobernador en cada acto o gestión relevante, y no Andrés Zottos o Antonio Marocco –por mencionar sólo algunos socios de la concertación-, para quienes se han reservado roles casi protocolares.
También es el intermediario más gravitante entre la nueva gestión y las empresas que recibieron trato privilegiado de la anterior. Fundado en sus consejos, Urtubey ha dispuesto preservar el esquema neoliberal que concesionó servicios esenciales. En este marco, Aguas de Salta S.A. se apresta a concretar un negocio que le permitirá preservar su ecuación económica mientras que el Estado Provincial, a cambio de una participación accionaria casi irrisoria (20%), se erigirá en garante de las
inversiones que no se cumplieron durante más de una década.
Como siempre, Salta deberá compartir las pérdidas, mientras que las ganancias parecen exclusivamente reservadas al sector privado. Cuál es el negocio de tener acciones en una empresa cuyo único patrimonio es la renta desmesurada que pactamos en tiempos de bonanza y que no garantiza eficiencia en la prestación durante el desequilibrio?
El ajuste que ha anunciado Urtubey, luego de confesar las dificultades financieras, no tiene explicitación real. El presupuesto de personal se encuentra exhausto con más de cinco mil nombramientos que hacen trepar la planta a casi 45.000 empleados públicos. La coparticipación federal se ha visto reducida por el conflicto del campo, sin que el gobierno reaccione frente al Estado Nacional en búsqueda de la
recomposición de los porcentajes que se les asignan a las provincias.
La reformulación de los contratos no permite prever un incremento significativo de los ingresos provinciales genuinos y la recaudación ha disminuido en términos exponenciales como consecuencia del enfriamiento post-conflicto agrario. También se ha anunciado el retroceso en el rescate de los bonos hidrocarburíferos que, según el
oficialismo, iba a reducir la entidad de los compromisos asumidos para la
amortización.
La suba del salario mínimo, vital y móvil a $1.200 amenaza con provocar una ola de reclamos al sector público y privado. Los docentes arreglaron provisoriamente, se intenta sofocar el autoacuartelamiento del personal policial y los judiciales se aprestan a dar batalla. Todo indica que la repercusión en el empresariado se traducirá en aumento de previos y elevará el índice del costo de vida.
Un déficit de gestión ministerial concentra las negociaciones en manos del gobernador y provoca en cada instancia un costo político que se contradice con una encuesta que, contra todos los pronósticos razonables, intenta convencernos que a pesar de las promesas incumplidas y la obsecuencia para con la autoridad presidencial en situaciones álgidas, Urtubey ha elevado su imagen positiva a casi un 60%.
El espiral inflacionario ha devaluado la lealtad de quienes fueron beneficiados con planes sociales durante el último lustro. Ciento cincuenta pesos no alcanzan para soportar las cargas que apareja una familia, como tampoco el bolsón o la tarjeta social que se implementará próximamente.
Por si algo faltara, el intendente Alcides Ontiveros ha mostrado en estos días una parte del agujero negro por el que se
extravía la ayuda de Estado Nacional. No es el único intendente o legislador que hace abuso del cupo político y busca beneficio personal.
Está claro que la improvisación ha caracterizado este período. Semejante panorama impone la convocatoria a todos los sectores para aportar ideas y proyectos que permitan campear un período que se advierte como crítico, no solamente por la coyuntura sino por la ineptitud de funcionarios que no han sumado aciertos y han desgastado el latiguillo del “cambio”.
Algunas fuentes autorizadas anticipan que en pocos días se lanzará el proyecto oficial del “Consejo Económico y Social” que dará
lugar a consultas de distintos sectores. Pocos dudan que sea el ámbito adecuado para gestar proyectos para el desarrollo productivo e industrial de la Provincia, a mediano y largo plazo.
