El abogado David Leiva pidió en la jornada del 1 de julio que se allane la Jefatura de Policía de Salta, el Archivo General de la provincia y la empresa Plumada (que guarda archivos provinciales) para dar con documentación referida a las acciones de lucha contra la subversión que llevó a cabo la Policía en la década del 70. El debate por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone pasó a un cuarto intermedio hasta el 25 de julio, día en que se retomarán las audiencias. La suspensión más extensa obedece en este caso a la feria judicial de invierno.
El pedido de Leiva, que es querellante en el juicio, se hizo luego de varios intentos para que la Jefatura enviara copias de informes sobre la represión, y el organigrama de la División de Contralor General y del Departamento de Informaciones Generales (el nombre que tomó posteriormente Contralor General), quiénes la integraban, los cargos que ocupaban y sus legajos personales. Leiva pidió también que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta le aplique una sanción a la Jefatura de Policía, por entender que fue reticente a entregar esta documentación. Y solicitó que se le apliquen astreintes (multas diarias) al jefe de Policía, Néstor Cardozo, y que las pague de su propio bolsillo.
El fiscal federal Horacio Azzolín adhirió “en general” a este pedido, y pidió al Tribunal que considere la posibilidad de intimar a la Policía a que conforme una comisión especial que se dedique a reunir la documentación requerida y a entregarla al Tribunal.
El Tribunal ya tuvo que disponer que Gendarmería fuera a buscar estos documentos, porque la Policía no los enviaba, a pesar de que se lo requirieron reiteradamente. Gendarmería entregó algunos archivos acompañados de un informe sobre las respuestas de las autoridades policiales respecto de otros documentos que no entregó.
La decisión sobre si se hacen los allanamientos quedó en suspenso porque los jueces Liliana Snopek, Luis Giménez y Carlos jiménez Montilla quieren recibir antes un informe sobre los documentos mandó la Policía.
Fuera de estos pedidos, la jornada de ayer fue menos intensa que la de la antevíspera. Fue sacudida sí por la presencia de Juan Carlos Villamayor, que había sido convocado para un careo con Damián Mendoza, el hombre que afirma haberse enterado por un militar de que iban a secuestrar a Ragone y haber intentado, infructuosamente, que huyera. La confrontación no se realizó y Villamayor fue puesto bajo custodia de la Policía Federal porque ni bien entró a la sala empezó a cuestionar que se lo pretendiera carear con Mendoza sin dar lugar a que el juez Luis Giménez, que el 1 de julio dirigió el debate, le explicara los motivos. Al final el juez se cansó y terminó por enviarlo a una habitación, bajo custodia, para que se tranquilizara y reflexionara. Más tarde el defensor oficial Federico Petrina le tendió una mano, al desistir del careo.
Antes Mendoza había sido careado con Miguel Ragone hijo, de este intercambio salió fortalecido el testimonio del primero.
El único testigo que declaró ayer, Algredo Gilabert, figura como secretario de Héctor Zanetto en el Ministerio de Bienestar Social, durante la intervención al gobierno de Ragone. El testigo dijo que no cumplía funciones ahí, sino en la Dirección de Deportes y que la designación le fue tramitada a través del secretario general de la UOM en Salta, Mario Amelunge. También dijo que conocía al entonces ministro de Bienestar Social, Ginés Fernández, “él manejaba con Amelunge el gremio”, sostuvo.
Dos militares, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Raúl Gentil; tres policías, Joaquín Guil, Andrés del Valle Soraire, Pedro Herrera y Javier Herrera, y el civil Héctor Zanetto están siendo juzgados por el secuestro de Ragone, el homicidio del almacenero Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. El juicio comenzó el 5 de abril y se estima que continuará hasta agosto o septiembre próximos.
“Nunca fui a la Policía”
Roberto Chuchuy negó en la jornada del 1 de julio haber sido adscripto a la Policía de Salta, y dijo que en realidad fue adscripto a la Dirección de Minería.
“Nunca fui a la Policía”, sostuvo Chuchuy en declaraciones al programa La Cicuta, que se emite por FM Ya, la radio de Nuevo Diario. Junto a Juan Carlos Marocco, Rubén “Pino” Zalazar y a Eduardo Ernesto Barrionuevo, Chuchuy figura en el decreto Nº 113, del 27 de enero de 1976, por el que el entonces interventor federal en Salta, Ferdinando Pedrini, dispone adscribir “al personal de la Dirección de Información Parlamentaria, Bibliográfica y de Prensa” a la Policía de la provincia “desde la fecha de su notificación y en mérito a necesidades de servicio”.
Chuchy negó “rotundamente” el decreto, que se difundió durante la jornada del jueves en el juicio oral y público que se sigue contra siete represores por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976 en esta ciudad.
Cuando se le hizo notar que se trata de un decreto que está en el archivo de la provincia, Chuchuy solo respondió que es un archivo “de hace tanto tiempo”. Añadió que no es periodista, sino un “simple editor de un pasquín”, en referencia al semanario El Cronista de Salta, del que es director.
El decreto 113 tiene los sellos de la Nación y de la Intervención Federal. Está firmado por el interventor Ferdinando Pedrini; el ministro de Gobierno, Horacio Bergallo; el ministro de Economía, Dante A. Lovaglio; el secretario General de la Gobernación, Alfredo Pedro Pedutto, y el secretario de Estado de Gobierno, José Evaristo Pombo.
Hasta hace unos pocos años Marocco era secretario general del Sindicato de Prensa de Salta. Sobre Chuchuy, según él mismo declaró en el proceso judicial por el secuestro y desaparición de la docente Silvia Benjamina Aramayo, en la década del 70 era dirigente del Sindicato Telefónico, de la CGT y de las 62 Organizaciones, que en aquella época se identificaban dentro de la derecha del peronismo.
El viernes 1 de julio la periodista Sylvia Troyano, ex legisladora provincial y nacional y activa militante política en la década del 70, recordó que Barrionuevo militaba en el Comando de Organización Peronista, una organización de la derecha, una de las que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, señaló anteayer como afín a la Triple A. De “Pino” Zalazar (que es cuñado de Marocco), se sabe que era policía y que como tal era chofer de Guil.
- Elena Corvalán
Periodista
