La Justicia salteña adoptará como política institucional la igualdad de género. Así quedó establecido hoy en un acuerdo firmado este mediodía por la titular de la Oficina de la Mujer (OM) y ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay con jueces de la Corte de Justicia de Salta.
El convenio fue firmado por el presidente de la Corte de Justicia de la Provincia, Guillermo Posadas, el vicepresidente del Alto Tribunal, Guillermo Catalano y los Jueces de Corte, Gustavo Ferraris y Abel Cornejo como titulares del Consejo de la Magistratura y del Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura, respectivamente. También rubricó el convenio la Ministra de Derechos Humanos de la Provincia, María Pace.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó, en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de Justicia, la Declaración de Cancún (en 2002) y ha adoptado las Reglas de Brasilia (2008) que implican determinadas acciones para promover la igualdad de género e incorporar una política institucional transversal en todos los niveles.
A través del convenio firmado este mediodía, el Poder Judicial de Salta quedará vinculado a las políticas de promoción y afianzamiento de la igualdad de género.
Esto permitirá profundizar la incorporación en todos los niveles de cursos, seminarios y talleres de formación, capacitación y sensibilización sobre la perspectiva de género y para la prevención e investigación del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, diseñándose para ello las actividades respectivas. También se favorecerá el intercambio de datos, experiencias, programas y recursos que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia.
A partir del convenio, la Escuela de la Magistratura utilizará los protocolos de capacitación en género elaborados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las guías de trabajo en talleres sobre género y trata de personas con fines de explotación sexual que fueran elaborados en forma conjunta entre la OM y la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas.
El convenio marco también hace mención a la Ley 26485 sancionada en marzo de 2009 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que constituye una herramienta para hacer efectivas las disposiciones tanto de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) como por lo dispuesto por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará).
