Sin mayores explicaciones la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) fue desarticulada y a su entonces titular, Emilio Rodríguez Tuñón, se lo designó como asesor del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), que exhibe pocas diferencias respecto del organismo que intencionadamente omitió controles durante la gestión anterior.
Un golpe más para quienes confiaban que se modificarían las políticas que involucran millones de un exhausto presupuesto en beneficio de empresas que hasta hace diez meses comulgaban con los
intereses del romerismo y que, a pesar del resultado electoral, se sienten cómodascon el actual mandatario.
Atrás quedó la propuesta de que este organismo específico analizaría la totalidad de los contratos que ligaban al gobierno provincial con empresas a cargo de servicios concesionados o tercerizados, tal como lo había previsto el Decreto 01/08 de la gestión de Juan Manuel Urtubey. La plenitud de revisión a la que se aspiraba chocó prontamente con los acuerdos políticos y determinó que el derrotero se tornara selectivo.
Hasta la fecha no se ha publicitado el resultado de la renegociación con La Plumada S.A., como tampoco se ha explicado el motivo real por el que quedaron afuera del análisis Trabasani, Todolimp y Cocirap, las empresas del diputado Eduardo Abel Ramos. Rodriguez Tuñón, cuando todavía encabezaba la unidad, se limitó a contestar a los senadores que no se estudiaban estos últimos contratos porque el gobernador no se lo había encomendado, lo que importa decir que no existe decisión política de poner en caja a los socios políticos que durante la década pasada ganaron millones a instancias del Estado Provincial.
La autorización de un incremento de las tarifas por el servicio de energía eléctrica que oscila entre un 5% y un 15% pone al descubierto un proceso simulado de recomposición del contrato con EDESA S.A.
Mientras hace poco se anunciaba que el gobierno era un celoso defensor de los intereses públicos y que se obligaría a las concesionarias a invertir los millones que no se destinaron a mejorar la precaria infraestructura heredada y a controlar su ansiedad por mejorar su ecuación económica, a un mes y medio de la renegociación se autoriza un aumento que castiga a los usuarios en pleno espiral inflacionario. Acaso al momento de reformular el contrato no se contemplaron los mayores costos del servicio?
El ENRESP del urtubeysmo pocas diferencias exhibe respecto del organismo que intencionadamente omitió controles durante la gestión anterior. La atribución de imponer multas se exageró pero nunca se tradujo en mayor calidad de los servicios y la sobreactuación ha quedado al descubierto.
Para compensar la mala noticia se anuncia que también se adicionarán las partidas de subsidios para los indigentes, cuyo destino sigue dependiendo de la discrecionalidad político-partidaria.
