Con una concentración en las puertas de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Salta, sobre la calle Deán Funes, se esperará esta tarde la lectura de la sentencia en el juicio al empresario Marcos Jacobo Levín y a los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Víctor Hugo Almirón y Enrique Cardozo, sobre quienes pesan pedidos de condena por su supuesta participación en la detención ilegal y torturas aplicadas al trabajador Víctor Manuel Cobos durante la última dictadura cívico militar.
La expectativa es grande porque es el primer proceso en el país en el que se juzga a un empresario por haber participado del terrorismo estatal. En este caso Levín, que era dueño de La Veloz del Norte, está acusado de haberse valido del aparato represivo para disciplinar a los trabajadores de esta empresa, y para conseguir nuevas rutas para el transporte interurbano de pasajeros. A cambio, se señala que colaboró con las fuerzas de seguridad con infraestructura e información.
En enero de 1977, cuando ocurrieron estos hechos, varios empleados de La Veloz fueron detenidos y torturados en la Comisaría 4° de esta ciudad, donde funcionó un centro clandestino de detención. Los tres policías están acusados de ser los ejecutores de los hechos instigados por Levín. El juicio se hace solo por la detención irregular y las torturas a Cobos, que era chofer y delegado gremial en La Veloz.
Distintas organizaciones de derechos humanos se han encargado de difundir y convocar, con afiches en la vía pública y en las redes sociales, a la lectura de la sentencia, enmarcada en las actividades del Marzo por la Memoria. Durante la espera habrá un festival.
A las 15 comenzará la concentración sobre la calle Deán Funes. Dentro, está previsto que a esa hora se reinicie la audiencia; será el momento en que el presidente del Tribunal, Federico Díaz, pregunte a los cuatro acusados si desean decir algo antes de que el Tribunal pase a deliberar. Luego habrá un cuarto intermedio para esperar el veredicto.
Sobre el empresario pesan pedidos de condena de 20 años de prisión por parte de las querellas y de 18 años, por parte de la Fiscalía Federal. Los querellantes, Cobos y la organización de derechos humanos Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y los fiscales, Carlos Amad, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, están de acuerdo en que los cuatro acusados son culpables, pero difieren en el pedido de penas. Para Almirón y Bocos las querellas solicitaron 20 años de prisión, y la Fiscalía, 18. Y para Cardozo, los querellantes pidieron 18 y la Fiscalía, 17.
En cambio, los defensores, Marcelo Arancibia (por Levín y Cardozo) y el defensor oficial Federico Petrina (por Almirón y Bocos) consideran que sus defendidos no cometieron ningún delito y, si lo hicieron, son delitos comunes y no de lesa humanidad. La diferencia es fundamental, dado que si se trata de delitos comunes estarían ya prescriptos, es decir vencido el plazo en que el Estado puede perseguir a sus ejecutores.
- Informe Elena Corvalán
