El fin de semana último el programa GPS, de Rolando Graña en América TV, nacionalizó la investigación sobre el patrimonio de la intendenta Raquel Graneros en la provincia de Tucumán. El informe, titulado «El Adornis Tucumano» de la periodista Zelmira Issa, expuso ante la opinión pública nacional los detalles de la compra en efectivo de una mansión de 1.200.000 dólares, una causa que ya se conocía en esa provincia.
La denuncia nacional desnudó ante todo el país la obscenidad de los detalles de la operación inmobiliaria que la jefa municipal de 29 años, efectuó al cumplir su primer año de gestión.
Sobre el escándalo eléctrico
En Salta se conoció otro caso a lo Adorni de presunta omisión maliciosa. La denuncia penal ingresó este lunes 29 de junio ante la Procuración General de la Provincia, a partir del conflicto político y administrativo generado alrededor del escándalo de sobrefacturación del servicio eléctrico en General Güemes.
El escrito de Saravia argumenta que el legislador salteño sería socio con el 25% del capital accionario de la firma Daniel Segura SA. que le habría reportado millonarias ganancias mediante el direccionamiento de contrataciones con el Estado Provincial paralelamente a su dieta como legislador.
El titular del ENRESP detalla que la empresa recibió contrataciones del Estado provincial por más de $674 millones entre 2021 y 2026, situación que, según plantea, podría configurar una incompatibilidad.
Saravia expone que la Justicia lo investigue que el diputado habría omitido en su declaración jurada partimonial su participación accionaria en la S.A. y pidió una medida cautelar para excluir a la empresa de futuros procesos de contratación pública mientras se analiza la situación.
