El pasado martes 14 de abril, se conoció en los medios la noticia del fallecimiento de un menor de apenas nueve años en la localidad de Pichanal, provincia de Salta. El suceso, triste y desgarrador, da cuenta de que jugando con bolitas de colores un niño introdujo su manito debajo de una heladera y la descarga lo mató en el acto.
- Bandidos con aviones y con moros,
bandidos con sortijas y duquesas,
bandidos con frailes negros bendiciendo
venían por el cielo a matar niños,
y por las calles la sangre de los niños
corría simplemente, como sangre de niños.
(Pablo Neruda)
A este evento mortal se le llama insensiblemente en los medios noticiosos “un accidente”, desnaturalizando así las verdaderas causas de la trágica temprana muerte del menor, que no son otras que la desidia y el desinterés manifiesto de nuestros gobernantes.
Tantas veces hemos apuntado a la perversidad de un sistema político en el cual, una elite gobernante y perteneciente a la clase económica dominante, se sostiene sobre el estatus quo armado a su medida, manteniendo al resto en la marginalidad cuando no en la exclusión.
Y aunque se queden difónicos con la diatriba de que ellos luchan incansablemente por la inclusión de los que menos tienen, los que escuchamos hasta el hartazgo esa retahíla de hipocresías, sabemos que mienten, y sabemos que ellos mismos son conscientes de que nos mienten.
Para demostrar que la vida y la integridad de los pobres que ellos mismos generan les importa nada, basta recordar que en el mes de Abril de 2011 presentamos formalmente al diputado Manuel Santiago Godoy un proyecto de ley, para que se obligara a EDESA a instalar conjuntamente con los medidores de energía, un disyuntor [[Aparato capaz de interrumpir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado valor, o en el que se ha producido un cortocircuitoo fuga, con el objetivo de evitar daños.]], en toda vivienda que no supere el valor de unidad económica familiar básico (IPDUV).
Como fundamento de ese pedido expusimos que otros fabricantes o prestadores de servicios son obligados a instalar recaudos que minimicen el riesgo, tales como pilotos de cierre de flujo accidental del fluido (caso de calefones o calefactores), o de inclusión de sustancias odorantes para detectar pérdidas (caso del gas).
Agregamos que esa protección era además, un servicio a los que no tienen posibilidad de instalar por cuenta propia ese elemento de seguridad, es decir los mismos pobres y excluidos por los que el joven gobernador llora reiteradamente mientras repite frases de la Madre Teresa de Calcuta.
Decíamos entonces, tratando de que entendieran el tema y por una vez en la vida fueran dignos del cargo para el que han sido nombrados, que esa exigencia protectoria de los más desprotegidos era –literalmente- “un acto estricto de protección dentro de los parámetros de la denominada justicia social, uno de los pilares fundamentales del partido político al cual Ud. pertenece.”
Aquel pedido se había generado por la consternación que nos causara la muerte de un niño en el asentamiento La Paz. Luego vendría el deceso de otro menor en barrio Floresta de esta Ciudad, y otros más posteriores que fueron noticia de un día, mientras por toda respuesta hemos recibido, la resignación de seguir contando niños muertos, como si vieran llover.
Esta realidad de dejadez y desprecio por la vida, se sustenta en la cómoda situación de los mandamases de turno, que tienen costosos planos aprobados para sus fastuosas viviendas, con interruptores de última generación en cada sección y seguridad a cuatro manos para sus nenes. Los demás, que se mueran nomás, total son pobres.
La empresa prestadora del servicio de distribución de energía en la provincia seguirá facturando mientras tanto cientos de millones por año, sin asumir costo alguno y con las muertes derivadas de su criminal indiferencia.
El costo medio de cada unidad propuesta para que no se electrocuten los hijos de los hogares pobres y de los asentamientos es, a la fecha de redacción de este editorial, de $230.- final.
Doscientos treinta pesos, es el miserable valor de la vida del próximo niño pobre de Salta al que le tocará morir por la “hijaputez” de los que en vez de gobernar para protegerlo, lo están condenando a futuro para seguir protegiendo los negocios del poder.
- Daniel Tort, abogado y periodista
tdaniel@arnet.com.ar
