Los letrados del albañil Pedro Román Salta Salta piden que la Justicia destrabe pagos a abogados en la causa por la que Matus fue condenado en dos instancias.
Según informó el diario «Chiquito», la Cámara del Crimen Nº 2, decidió que mientras la condena contra el empresario de medios, Javier Matus, y Gustavo Alanis por estafas reiteradas se encuentre apelada con recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia, no está en firme y, por lo tanto, aún no se pagó la indemnización a Román Salva (quien inició la querella contra los condenados), ni se fijaron los honorarios de los abogados que representaron a la parte damnificada.
Ante estos hechos, el abogado Marcos Segura Alsogaray presentó un recurso de «reposición con apelación en subsidio y reserva a nivel federal», para que se cumpla con la «planilla y regulación de honorarios» de los abogados actuantes dado que, según lo entendido por Segura Alsogaray, podría generarse un «perjuicio irreparable».
El pasado 21 de abril, el presidente de la Cámara del Crimen Nº 2, Angel Longarte, comunicó que estos conceptos solicitados por Alsogaray deben quedar suspendidos, dado que ello fue solicitado en la apelación presentada por el abogado de Matus, Horacio Aguilar, el ex juez federal que ahora actúa como asesor jurídico de la provincia en caso de que esta deba afrontar causas federales.
Para el abogado que apeló la última decisión del camarista Longarte, ello implica que la continuidad del proceso puede quedar suspendida en «forma indefinida».
Sostuvo que el juez se «equivoca al sostener la argumentación que se impugna», en tanto entendió que la sentencia contra Matus y Alanis «se encuentra firme y consentida». Su argumento surge del hecho que, indicó, los recursos de apelación que se pudieron establecer en el ordenamiento normativo, es decir, las apelaciones ante la Corte de Justicia de Salta y la denegación del recurso extraordinario presentado por la defensa del empresario, «fueron rechazados oportunamente».
Al citar el ordenamiento legal, indicó que «de acuerdo a las pautas del artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el mismo no habilita per se la suspensión del proceso». Sostienen que, por el contrario, la norma expresa que «…mientras la corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso». Ante ello, entendió que no corresponde a Longarte «detener la marcha del proceso», dado que ello «solo lo podría efectuar la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación), escapando así a la jurisdicción local».
Agregaron que en caso de mantener la Cámara salteña la decisión ahora apelada, se hace reserva de elevar la apelación a nivel federal, y de presentar un recurso de inconstitucionalidad local por arbitrariedad…ello por cuanto podría vulnerarse derechos adquiridos, transgrediendo el derecho al debido proceso legal». Y es que ello podría implicar una violación al artículo 285 del CPCC nacional o su equivalente local. Y es que aseguraron que la sentencia «se encuentra firme».
Sin embargo, y se supone que ante los mismos argumentos a nivel judicial, Salva indicó a Nuevo Diario que no se le reconoció la indemnización de 20 mil pesos que se dictó en la Justicia salteña, a lo que se debe agregar los intereses correspondientes.
Eso fue decidido en 2007, luego de un juicio que se siguió contra el empresario y Alanís, además de los bancos que dieron créditos a este último, cuando se presentaba con documento falso y presentaba certificados de trabajo expedidos por Matus, haciéndose pasar por Salva.
- Fuente: Nuevo Diario de Salta
