Este sábado 8 de marzo a las calles del país vuelve la lucha en el Día Internacional de la Mujer, por los derechos conquistados en todos los ámbitos y se reivindica la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos.
El Observatorio Contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo denunció que en el último año una intensificación sin precedentes de la violencia contra la población LGBT en Argentina.
En 2024 se registraron 275 femicidios, 3 lesbicidios, 7 travesticidios, 20 femicidios vinculados y 118 mujeres desaparecidas en todo el país y de los 307 hijos e hijas que quedaron sin madre. El 52% son menores de edad.
En lo que respecta a femicidios se ha cometido un asesinato de género cada 26 horas. El Observatorio ha reportado además unos 140 crímenes de odio en 2024, es decir que cada tres días atacaron a una persona LGBT.
El 48% de esos ataques terminaron en muertes y la más afectada es la comunidad trans, pero en febrero de este año a una lesbiana la apuñalaron siete veces en Orán, Salta; a una familia de Cañuelas le quemaron la casa y a una lesbiana que caminaba de la mano con su pareja le rompieron la nariz y la dejaron inconsciente.
Y en mayo de 2024 tres mujeres lesbianas murieron luego de que un hombre arrojara un cóctel molotov en la pensión donde vivían y quemara a todas las ocupantes.
Las acciones macabras de Milei
A pesar de esta realidad brutal Milei es un negador de la violencia de género y bajo su mandato Argentina fue el único país que votó en la ONU en contra de eliminar las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas.
El presidente Javier Milei y su Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dicen que el enfoque de género es “una joda que se usó como negocio y arma extorsiva”, y anuncian sus planes de eliminar la figura de femicidio del Código Penal.
En su primer año de gobierno Milei no sólo ordenó el cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidades a nivel nacional, sino que se desmantelaron casi todos los programas que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades.
Así es como el estado va en contra de la ley de paridad de género, en contra del DNI no binario, en contra de la implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en las aulas y se dispuso la eliminación del fondo de protección a las víctimas de trata, los recortes presupuestarios para los dispositivos destinados a asistir a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia machista y la reducción del programa de apoyo integral para las familias que sufrieron un femicidio.
Recortes y supresión de derechos
Entonces, asistimos a la supresión de derechos para la comunidad trans, (como el DNU que modificó la Ley de Identidad de Género), el desfinanciamiento de programas de ayuda económica y el despido de aproximadamente 900 personas contratadas como parte del cupo laboral Travesti – Trans.
Según fuentes oficiales, de 23 programas de atención a víctimas de violencia de género que desarrollaba el ex Ministerio de Mujeres sólo quedaron funcionando 12, pero esos programas no están garantizados por la falta de presupuesto y el escaso personal.
En el transcurso del pasado año tampoco se entregaron insumos a las provincias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y se denunció la falta de preservativos y la insuficiencia de medicamentos para infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos.
El desmantelamiento de políticas públicas se profundiza en el Presupuesto 2025 con más recortes a la prevención del embarazo adolescente y al tratamiento del VIH y la asignación de $0 a la línea 144 de atención gratuita a víctimas de violencia y al programa Acompañar (de contención a personas en situación de riesgo por motivos de violencia de género).
Las organizaciones feministas denuncian también el ajuste salvaje que ha empobrecido al pueblo argentino. Más de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y dos tercios son mujeres, diversidades sexuales, comunidades originarias y niños.
La precarización laboral, el hambre y la falta de acceso a la salud son también formas de la violencia que recae sobre ellos.
Esa violencia promovida por el estado, los discursos de odio, los ataques al derecho de las personas a vivir su sexualidad en libertad, constituyen una violación de derechos humanos y un avance peligroso hacia el fascismo.
Pero está claro que este ataque no podría llevarse a cabo sin apoyos múltiples, como el de Gustavo Saénz, uno de los gobernadores que actúan como garantes de las políticas criminales de este gobierno, un cómplice del ajuste despiadado y de la violencia institucional.
Femicidios y desapariciones en Salta
En lo que respecta a Salta pasaron diez años desde que se declaró la emergencia en violencia de género, pero los indicadores no han disminuido y la provincia sigue superando la media nacional.
La Oficina de Género del Poder Judicial de Salta informó que en el lapso que va de 2017 a 2023 hubo 68 femicidios. Y el Registro Provincial de Femicidiosreveló que además hubo 25 muertes violentas de mujeres que no fueron caratuladas como femicidio pero que podrían tener vinculación con la violencia de género y 23 muertes dudosas.
En 2024 se cometieron 24 femicidios y tres mujeres desaparecieron en la provincia: Viviana Lubik, que desapareció el 5 de marzo, Jésica Gutiérrez, que desapareció en La Caldera el 10 de septiembre y Natalia Carbajal, desaparecida desde el 25 de septiembre.
Y este 2025 ya llevamos cuatro muertes: la de Edith Román, de 17 años, de la comunidad wichi, la de Rosmery Aramayo, que desapareció en Salvador Mazza, la de Luciana Laciar Eckardt, que había denunciado a su ex pareja y terminó asesinada en su casa y la de Milagros Gutiérrez, una joven de 18 años que murió en el hospital San Bernardo y cuya familia denuncia que la mataron por ser testigo clave en una causa de abuso.
Números de la barbarie
Según un relevamiento realizado por Página 12, desde el 2011, año en que desapareció María Cash, hubo en Salta 13 mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas de las que hasta hoy no se sabe nada.
Estos son los números de la barbarie, pero no se trata de números, sino de vidas que se pierden y de familias destruidas.
Y a los femicidios y desapariciones se suman los crímenes no resueltos, como los de las turistas francesas y el de Jimena Salas.
A esto debemos añadir el caso de Yolanda Vargas, una madre acusada por el Ministerio Público Fiscal por la muerte de sus hijos en el incendio de la casilla de madera donde vivían. Un caso aberrante de criminalización de la pobreza por parte de la justicia racista y clasista de la provincia.
Se trata de un caso emblemático que podría sentar un precedente peligroso para toda la Argentina, porque es el primero en donde se toman como condiciones de imputabilidad la pobreza del sujeto.
Como advirtió su abogado, esta criminalización podría hacerse extensiva a todas las Yolanda Vargas de la provincia de Salta, que viven en la economía informal, que tienen a sus hijos a cargo, que no reciben ninguna asistencia por parte del padre, y mucho menos estatal.
Sólo la movilización y el reclamo de justicia lograron evitar su condena, pero no se dan por vencidos. Ahora la fiscal de Orán, María Soledad Filtrin apeló el sobreseimiento y habrá que seguir luchando contra un sistema judicial que revictimiza a las mujeres que viven sumidas en la miseria social.
Este ocho de marzo las mujeres saldrán nuevamente a las calles a reclamar justicia porque el Estado es responsable. A pedir más recursos para la prevención de la violencia machista y la contención de quienes la sufren, a exigir políticas públicas que garanticen derechos básicos como vivienda, trabajo y educación para ellas y sus familias.
Pero no llegarán porque el ajuste continuará con la colaboración y el beneplácito de políticos ineptos, corruptos y cómplices.
Informe especial para Salta Libre
