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En la madrugada del 6 de noviembre se desató un incendio que destruyó más de 200 locales que sería el 30% del Mercado San Miguel, de San Martín entre la Peatonal Florida e Ituzaingó.

Ola Castro fue imputado por la muerte de los brigadistas de Guachipas

Abierta la causa penal, el Ministerio Público Fiscal, informó que la fiscalía imputó al ex Secretario de Defensa Civil, Victor Ola Castro, además de César Dagúm, Jefe de Brigada Forestal y Roberto Durnelli, subjefe de la división por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La investigación se inició tras la muerte de Víctor Humberto Ferreira, Mauricio Miguel Valdez, Matías Daniel Vilte y Martín Robinson Albarracín, quienes murieron en un incendio forestal ocurrido el 28 de octubre de 2014 en el paraje Las Juntas, en la localidad de Guachipas.

La investigación fue dirigida por el fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, quien decidió archivar las actuaciones, sin embargo, en septiembre del año pasado, tras la remisión de nueva documentación de parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia, entre ella la declaración de Alfredo Aparicio, un ex brigadista, la fiscalía reabrió el caso.

Portal, posteriormente, se apartó de la causa. En vista de ello, se designó a Romero Nayar, fiscal penal 1, y Poma, de Delitos Económicos Complejos, al frente de la investigación. De esta manera, las fiscales lograron incorporar a la causa suficiente constancia y documentación relacionada a la situación laboral, funciones y atribuciones de las personas fallecidas.

De esta tarea investigativa, en la que se incluyen también diversas testimoniales, se pudo establecer que las víctimas fatales del incendio era denominados como “combatientes”. Ferreyra, según lo informado por Ola Castro al Ministerio de Seguridad, era jefe de dicha cuadrilla. Asimismo, las fiscales pudieron determinar que Valdez y Vilte era personal contratado, mientras que los otros dos eran de planta permanente.

Si bien se pudo comprobar, por la documentación agregada al expediente, que las víctimas fatales del incendio habían sido capacitadas para combatir incendios, Romero Nayar y Poma determinaron que Valdez y Vilte “aparecen vinculados a la administración mediante contratos de locación de servicios para el Programa de Rescate de Espacios Públicos, también suscriptos por Ola Castro”.

Al examinar los contratos, las fiscales advirtieron que “las funciones asignadas para uno y otro programa son sustancialmente diferentes”. En los casos de Vilte y Valdez, señalaron, se pudo establecer que tenían “como misiones y funciones tareas de desmalezamiento, limpieza y disposición final de la maleza, obligaciones de capacitación y seguridad personas y realizar tareas conjuntas y coordinadas con la Brigada de Incendios Forestales”.

“Por el contrario los contratos de brigadistas como Ferreyra y Albarracín indica que sus funciones y misiones principales” eran las de “dar alerta, alarma y respuesta en la mitigación de incendios forestales y de pastizales”, agregaron.

En vista de esta irregularidad, detectada en la documentación que las fiscales reunieron al ser designadas, determinaron que “prima facie” existen elementos para imputar a Ola Castro, Durnelli y Dagúm el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, cuya pena va de un mes a dos años de prisión.

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