En medio de un clima social y político marcado por tensiones entre el Gobierno y los sindicatos, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) anunció un fallo clave en defensa de los derechos laborales.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una sentencia que protege el derecho a huelga de los trabajadores aeronáuticos, luego del intento del Gobierno de Milei de declarar «esencial» la actividad.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala C, confirmó una sentencia de primera instancia que protege el derecho a huelga del personal del sector aeronáutico, garantizando su vigencia conforme a lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La resolución responde a un recurso presentado por APA ante el intento del Ejecutivo nacional, a través del DNU 340/2025, de incluir la actividad aeronáutica dentro del «Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional», pretendiendo declararla “esencial” y, en consecuencia, limitar el ejercicio del derecho a huelga. El gremio interpuso una acción de amparo que resultó favorable en primera instancia, y que ahora fue ratificada por la Cámara.
Desde el sindicato celebraron esta decisión judicial como una señal de frenar el avance de medidas que, según denuncian, vulneran derechos adquiridos y fundamentales para el sistema democrático. “Es un paso más en la defensa de los derechos que se ven vulnerados cada día no sólo en nuestra actividad sino en el conjunto de la sociedad”, expresaron en un comunicado oficial firmado por la prosecretaria de Prensa, Cultura y Difusión, Cecilia Moccia, y el secretario general, Edgardo Llano.
APA subrayó la importancia de que “al menos una parte de la justicia siga siendo fiel a nuestra Constitución Nacional”, y agradeció especialmente a los abogados León Piasek y Mario D’Alessandro por su “permanente defensa de los derechos colectivos”.
El DNU de Milei no solo viola los convenios colectivos de trabajo, sino las leyes argentinas e incluso el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional que establece la huelga como un derecho del trabajador. Ya el Gobierno había intentado imponer estas condiciones en el megadecreto de diciembre del 2023, cuyo capítulo laboral fue luego dado de baja por la Justicia.
