El gobierno provincial, la Cámara de Diputados y la empresa Horizontes SA, responsable de la publicación del diario El Tribuno, de propiedad de la familia del gobernador Juan Carlos Romero, incumplieron una orden judicial de informar sobre la distribución de la pauta publicitaria oficial. Desde el Juzgado se supo que ya se libraron intimaciones y multas. La orden partió del juez Sergio Miguel David titular del Juzgado Civil y Comercial de 2º Nominación de esta ciudad, que interviene en la demanda judicial presentada por Nuevo Diario con el fin de que los tres poderes del Estado informen sobre la publicidad que contratan en los medios de comunicación y el criterio de distribución.
El pedido judicial es impulsado por el Nuevo Diario para que se brinde la información requerida, fue fundamentado en la arbitrariedad de que existe una velada discriminación hacia esta publicación independiente.
El llamado «diario chiquito» alcanzó una masiva circulación pública en Salta, cuya tirada de ejemplares, que algunos días de la semana, iguala a la cantidad de tirada diaria del medio oficial El Tribuno.
El objetivo que se plantea El Nuevo Diario a través de este planteo jurídico, es lograr que el Gobierno de la Provincia sin necesidad de que medie una orden judicial, debería entregue según un decreto reglamentado que expresa que la información es de carácter público y debe estar a disposición de los ciudadanos y de los medios para su difusión pública.
La publicidad oficial es un instrumento público a través del cual el Estado tiene asignado recursos de un presupuesto público para difundir los actos de gobierno. Un decreto reglamenta que la distribución de estos recursos debe estar supervisada y sustentada en criterios objetivos.
La presentación judicial se hizo el 21 de febrero y la resolusión del juez se generó el 9 de marzo. Esa misma fecha la Secretaría de Prensa de la gobernación, ambas Cámaras legislativas, el Poder Judicial y Horizontes S.A. fueron notificados de la decisión del juez, que hizo lugar a la solicitud del Nuevo Diario y se les ordenó remitir la información requerida a ese Juzgado para que luego pudiera ser analizada por los abogados de este medio, para decidir si se realiza o no una demanda judicial por esta cuestión.
De las instituciones notificadas por el juez, solo la Corte de Justicia y el Senado remitieron sus respuestas.
El Senado afirmó que no contrata publicidad oficial y de la Corte se supo que pauta los avisos sobre pliegos de postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial.
En cuanto a Horizontes S.A. el plazo para presentar el informe se venció el pasado 26 de marzo. El juez ya dispuso una nueva intimación para que responda con un nuevo plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria (astreintes) cuyo monto será establecido por el magistrado.
En el caso de la Secretaría de Prensa del Gobierno de la Provincia, que hoy está a cargo de Iván Romero, y la Cámara de Diputados, su plazo venció el pasado 12 de abril. En este caso no se aplican astreintes, sino que el apercibimiento consiste en informar al Tribunal superior inmediato para que aplique sanciones.
En el primer caso se entiende que la falta de interés por informar proviene del Poder Ejecutivo porque la Secretaría de Prensa solo actúa como un mero representante. En el caso de la Cámara de Diputados, la notificación fue dirigida a su presidente Manuel Santiago Godoy.
En el caso de Horizontes S.A., la mayor beneficiaria de la publicidad oficial (se habla de que recibe 4 millones de pesos anuales), se pidió que informara sobre la pauta que recibe desde los tres Poderes.
En este caso el Nuevo Diario no recibe una pauta publicitaria oficial similar (salvo una ínfima cantidad de parte del Poder Judicial), como medio periodistico ubicado como segundo en importancia en la provincia.
- Fuente: «Nuevo Diario».
