La situación de las comunidades indígenas en tierras privadas no dista de la vivida por las que habitan en tierras de la provincia codiciadas en algunos casos por quienes ven en ellas un alto valor inmobiliario. Es la situación que viven los miembros de la comunidad Lule de Finca Las Costas, considerada como una reserva provincial dado que de allí surge el agua que provee a la capital salteña y zonas aledañas.
Ya en 2010 la comunidad sufrió una represión por su oposición a que sean entregadas tierras en comodato para el Jockey Club. El Gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey otorgó el comodato de todas formas. Un par de años después, se inició en las tierras una obra de agua para abastecer a un barrio privado (cerrado), ubicado al lado de la reserva. Una vez más se turbó la posesión de los Lule. Y una vez más se siguió adelante con las obras.
Ahora, el administrador de la Finca nombrado por el Estado provincial, Enrique Clement Fernández, elevó denuncias contra las comunidades por haber realizado un alambrado en las tierras, o levantar algunas piezas. Fue entonces que el fiscal penal N° 2, a cargo de Sosa Vallejos, ordeno la “prohibición de innovar o construir en el lugar que se investiga hasta tanto no se resuelva la situación judicial que está denunciando”. Es decir, que no se debe realizar ningún trabajo en una causa que aún, está “a caratular”.
David Torres, integrante de la comunidad, explicó que el administrador había autorizado a ‘Meco’ Aguirre, quien no se reconoce como parte de la comunidad (y está divorciado de otra mujer que sí lo es), a construir una vivienda. “Trajo una cantidad impresionante de chanchos donde se encuentra la toma de agua que va a Salta”, indicó Torres al sostener que con ello, se está investigando. Fue entonces que Angélica Rueda, viendo que Aguirre estaba haciendo un alambrado que podría cortarle el paso al agua, decidió también poner un alambre. Según dijo Clement a los miembros de la Comunidad, Aguirre también se encuentra denunciado.
Otros de los denunciados son los miembros de la familia Calisaya, quienes tienen tierras en el lugar desde siempre, y ahora jubilados, decidieron directamente instalarse en las tierras. Por ello levantaron una pieza “que el administrador dijo era también una vivienda”, indicó Torres al sostener que esa fue la causa de la denuncia que se radicó en contra de la familia.
Mientras, los originarios presentaron el Relevamiento Territorial que ya fue aprobado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero el administrador aún no reconoce como válido. En el relevamiento se reconoce a las Damilias Calisaya y Rueda como parte de la comunidad. Mientras, su abogada, Mara Puntano, inició los trámites para su defensa.
- Informe: Laura Urbano
