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Giro en la causa María Cash: todo apunta a un camionero

La causa de la desaparición hace 13 años de María Cash tomó un nuevo impulso a partir del análisis de los testimonios falsos y contradictorios del camionero detenido Héctor Romero, a quien la Justicia lo imputó por el homicidio calificado con alevosía.

Proyecto legislativo sobre violencia familiar

La senadora radical Claudia Silvina Vargas ha presentado un proyecto para la
creación del Consejo de la Familia y Desarrollo Humano. La iniciativa pretende que
se ponga acento en la responsabilidad del Poder Ejecutivo sobre la problemática de
la violencia familiar luego de que se advierta el fracaso de concentrar las
estrategias en la órbita del Poder Judicial y el Ministerio Público.

La propuesta pretende la conformación de una estructura que será la encargada de
diseñar políticas de prevención y la capacitación a todos los funcionarios públicos
que intervienen en los episodios de violencia familiar que se han reproducido hasta
erigirse en una problemática social con efectos imprevisibles.

La Ley 7.403 de violencia familiar, sancionada hace más de dos años, otorgó
facultades a los jueces para dictar medidas urgentes como la exclusión o el
sometimiento a tratamientos psicológicos a las personas involucradas. Sin embargo,
el ingreso de más de cien denuncias diarias en el distrito centro, ha provocado el
colapso judicial y puesto en evidencia que se necesita que antes de que alcancen
estado judicial, los conflictos sean tratados por equipos interdisciplinarios
integrados por abogados, mediadores, psicólogos, asistentes sociales, etc.

El Consejo de Familia y Desarrollo Humano proyectado, sería el responsable de
relevar el contenido de las denuncias antes que los expedientes lleguen a las manos
de los jueces de familia. También, de coordinar políticas con los municipios a fin
de que cada centro de salud cuenta con personal idóneo para tratar los conflictos
familiares.

Para la legisladora cafayateña es necesario que el gobierno se decida a conformar
esta unidad de auxilio para evitar crímenes que conmocionaron a los salteños y
evidenciaron la esterilidad judicial cuando los magistrados se ven sobrepasados por
la acumulación. Presupuestariamente, Salta está en condiciones de integrarla con
algunos de los 45.000 empleados públicos que conforman la planta provincial.

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