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Pity Álvarez fue condenado a 12 años por matar a su vecino

Cristian “Pity” Álvarez fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Una vez que se termine el plazo de la internación involuntaria en un psiquiatrico que será en febrero del 2027, pasará a cumplir prisión domiciliaria. Mientras tanto, no quedará detenido. Fernando Burlando dijo: “Estaba en su sano juicio y asesinó”.

Proyecto legislativo sobre violencia familiar

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La senadora radical Claudia Silvina Vargas ha presentado un proyecto para la
creación del Consejo de la Familia y Desarrollo Humano. La iniciativa pretende que
se ponga acento en la responsabilidad del Poder Ejecutivo sobre la problemática de
la violencia familiar luego de que se advierta el fracaso de concentrar las
estrategias en la órbita del Poder Judicial y el Ministerio Público.

La propuesta pretende la conformación de una estructura que será la encargada de
diseñar políticas de prevención y la capacitación a todos los funcionarios públicos
que intervienen en los episodios de violencia familiar que se han reproducido hasta
erigirse en una problemática social con efectos imprevisibles.

La Ley 7.403 de violencia familiar, sancionada hace más de dos años, otorgó
facultades a los jueces para dictar medidas urgentes como la exclusión o el
sometimiento a tratamientos psicológicos a las personas involucradas. Sin embargo,
el ingreso de más de cien denuncias diarias en el distrito centro, ha provocado el
colapso judicial y puesto en evidencia que se necesita que antes de que alcancen
estado judicial, los conflictos sean tratados por equipos interdisciplinarios
integrados por abogados, mediadores, psicólogos, asistentes sociales, etc.

El Consejo de Familia y Desarrollo Humano proyectado, sería el responsable de
relevar el contenido de las denuncias antes que los expedientes lleguen a las manos
de los jueces de familia. También, de coordinar políticas con los municipios a fin
de que cada centro de salud cuenta con personal idóneo para tratar los conflictos
familiares.

Para la legisladora cafayateña es necesario que el gobierno se decida a conformar
esta unidad de auxilio para evitar crímenes que conmocionaron a los salteños y
evidenciaron la esterilidad judicial cuando los magistrados se ven sobrepasados por
la acumulación. Presupuestariamente, Salta está en condiciones de integrarla con
algunos de los 45.000 empleados públicos que conforman la planta provincial.

Redacción SL
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