Unas cien comunidades indígenas del Chaco salteño, Rivadavia, San Martín y Orán, junto al Obispo Lugones, lanzaron un desesperado reclamo al gobierno provincial y nacional para que “detengan ya la destrucción” del medio ambiente en el noreste salteño. La tala de palo santo y el desmonte “nos deja en una situación de hambre y parálisis laboral”, puntualizaron en el documento elaborado por los habitantes de tres departamentos salteños.
La angustiosa declaración de reclamos por las talas indiscriminadas, fue firmada por el obispo Jorge Lugones, FundaPaz y Asociana, de la iglesia Anglicana, ambas organizaciones habitualmente asesoras de criollos y comunidades indígenas.
Las comunidades indigenas del departamento de Rivadavia denunciaron la persistencia de “daños irreparables e irreversibles” por el desmonte y la tala furtiva del bosque nativo que llevan adelante empresas privadas para exportar madera a países asiáticos.
En una declaración conjunta de seis puntos, indígenas wichí, toba, chorote y chulupí de los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán expusieron la “apremiante situación de violación de los derechos humanos y ambientales”.
“Detengan ya la destrucción del medio ambiente, decreten la inmediata suspensión de los desmontes y toda explotación forestal descontrolada e irracional”, precisa el texto que lleva la firma del obispo de Orán.
Los indígenas señalan que pese a las incesantes denuncias sobre los desmontes, realizadas ante las autoridades provinciales, continúan “sin obtener resultados que frenen estos atropellos a nuestro bienestar y al bien público en general”.
La declaración agrega que, por el contrario, lo que obtuvieron es “una mayor y más rápida depredación ambiental por parte de empresarios inescrupulosos, nacionales y extranjeros”.
Materia prima de la supervivencia de los indígenas, el palo santo, lapacho, cedro, algarrobo, guayacán, palo blanco, entre otros, se vende a países asiáticos y europeos “cuando no se convierte en humo quemándose delictivamente en el proceso del desmonte”, según denunciaron.
Frutos y fauna del monte, miel, plantas medicinales y alimenticias, caza, pesca, leña, carbón, son los productos que enumeran los indígenas al explicar la base económica de su existencia que también pasa por la obtención de elementos para artesanía y carpintería.
Un allegado a los wichí que pidió no ser identificado, aseguró que se “se está pagando $120 la tonelada de palo santo, mientras se calcula que un artesano puede ganar esta suma de dinero con solamente 3 kilos de productos artesanales”.
Talas en tierras del Chaqueño
Advierten que el corte de madera en el lote fiscal 14 puede causar violencia entre Criollos y habitantes originarios. En los últimos “20, 30 días” se intensificó la explotación forestal en el lote fiscal 14, en el departamento Rivadavia” Esta situación puede generar hechos de violencia entre los obrajeros y quienes tratan de proteger lo que queda del monte, en tierras cuya posesión todavía no ha sido regularizada por el gobierno provincial”.
“Estamos preocupados porque se sigue cortando la madera y las autoridades nuestras hacen la vista gorda”, señaló Arturo Barrozo, uno de los delegados en la zona de la Organización de Familias Criollas (OFC). Añadió que enviaron numerosas notas a distintas instancias del Gobierno salteño.
Según detalló Barrozo, la tala más importante se está haciendo en la zona de Rancho El Ñato, donde tiene sus tierras “El Chaqueño” Palavecino, además de Pozo La China, El Bravo, El Desemboque, “es donde se han verificando los campamentos que están cortando la madera, cortan postes de palo santo, rollos de palo santo, postes de quebracho colorado y de algarrobo”.
Explicó que, por lo que han podido averiguar, saben que las fincas privadas que colindan con el lote fiscal 14 contarían con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia para cortar la madera en sus propiedades, pero “no sacan la madera de estas fincas, sino que sacan del lote 14”.
“Estamos creando un conflicto social, de esto hay que hacer responsable al Gobierno de la provincia, porque ya habido cruces entre puesteros y los empresarios. Nosotros lo vamos a hacer responsable al Gobierno de la provincia cuando suceda alguna muerte, algún encontronazo serio entre familias, porque la verdad que es muy lamentable esto”, advirtió Barrozo.
Junto a la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, la OFC viene tratando de llegar a un acuerdo para dar solución al conflicto por la tierra en este lote y en el fiscal 55. A fines de julio ambas entidades suscribieron “un acuerdo fundamental” en el que convienen que los indígenas obtendrán la titularidad de 400 mil hectáreas y que otras 243 mil serán distribuidas entre los habitantes criollos con derechos adquiridos.
Barrozo dijo al Nuevo Diario de Salta, “nosotros no vemos que el Gobierno se haya comprometido seriamente con esto y va a hacer perjudicial para el acuerdo que tenemos con Lakha Honhat”, sostuvo el delegado, que se quejó de que no se respeten, ni siquiera por parte de la provincia, las normas legales que prohíben la explotación forestal en los lotes 14 y 55.
- Fuente: Télam y Nuevo Diario
