La Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta, expresó su más enérgico repudio a la llamada Ley antiterrorista recientemente aprobada.
Mediante un comunicado de prensa, la institución local, afirma que: «esta ley resulta una amenaza para los espacios de libertad social dispensables para la convivencia democrática, es una herramienta represiva que sirve para profundizar la criminalización de la protesta social penalizando nuestro derecho a cuestionar y a peticionar.
Resulta imprudente incorporar la figura de “terrorismo” en el Código Penal por cuanto este concepto resulta ambiguo y su empleo para calificar
determinadas acciones, arbitrario. El articulo 213 ter propone considerar como actos terroristas a los cometidos “para aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” abriendo la posibilidad de que se sancione como acto terrorista a cualquier acción popular que pretenda modificar alguna decisión gubernamental.
Legislar porque lo manda un organismo financiero internacional y no para dar respuestas a una real demanda de la sociedad es dar marcha atrás en nuestra soberanía.
Viola lo dispuesto por La Convención Interamericana contra el Terrorismo —que rige desde noviembre de 2003— al atentar contra el estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, menoscabando otros derechos y obligaciones de los estados y de las personas conforme al Derecho Internacional, en particular, la Carta de las Naciones Unidas, la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional de los Refugiados.
En definitiva, la sanción de esta ley, implica un retroceso de treinta años en la lucha por la defensa de los derechos humanos, constituye un retorno inconcebible a la nefasta doctrina de la seguridad nacional, causante del genocidio en Argentina, y confirma la carencia total de independencia frente a imposiciones del gobierno de los Estados Unidos.
Es por ello que exigimos de nuestro Sistema Judicial idéntica actitud que la asumida por la Justicia Federal Norteamericana, que ha declarado la inconstitucionalidad de esa legislación», concluye el comunicado.
