Las organizaciones ADC (Asociación por los Derechos Civiles), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Concepción Data, Fundación Conocimiento Abierto , Directorio Legislativo , Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Poder Ciudadano , advertimos a la sociedad sobre la necesidad de que la futura Ley de Acceso a la Información Pública prevea garantías suficientes de independencia para el órgano encargado de hacer cumplir la ley, aspecto que no asegura el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
El órgano garante es la autoridad que tiene la potestad de controlar el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública por parte de los funcionarios, y por lo tanto su independencia del Poder Ejecutivo es un requisito indispensable para su correcto funcionamiento. Sin embargo, el proyecto del Poder Ejecutivo le otorga a éste un alto grado de discrecionalidad para la designación y remoción del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), lo cual resulta problemático porque pone en cabeza del órgano controlado –el Poder Ejecutivo– la facultad de remover al órgano que debe controlarlo –la AAIP–, lo cual actua como un fuerte condicionamiento para que éste último cumpla adecuadamente con su rol.
Por esos motivos, proponemos que se incorpore al mecanismo de designación de su titular la realización de un concurso público de oposición y antecedentes, de la que podría surgir una terna o listado de candidatos/as, de los que podría escoger el Poder Ejecutivo. Tal como lo contemplan diferentes proyectos con estado parlamentario, el candidato/a propuesto debería ser aprobado por el Poder Legislativo [1] . Un régimen de este tipo cumpliría con los requisitos mínimos de independencia exigidos por la Ley Modelo de Acceso a la Información de la OEA y los estándares internacionales en la materia.
En virtud de ello, instamos a la Cámara de Diputados de la Nación a incorporar modificaciones al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, con el fin de asegurar la independencia del titular del órgano garante de la Ley.
