(Especial para Salta Libre) El monstruo crece y un silencio helado parece haber caído en la conciencia nacional. Hace ya algunas décadas (1980 aproximadamente), los llamados países del primer mundo debieron necesariamente reflexionar con absoluta seriedad y urgencia acerca del problema de la criminalidad y sus consecuencias sociales debido al hecho que las cárceles europeas se habían convertido, desde hacía ya años, en verdaderos polvorines. Polvorín es que cada vez con mayor frecuencia y regularidad, estallaban.
En Revivia o en San Vittore, en la modelo de Barcelona o en la Penitenciarie de París o de Marsella, con regularidad alarmante, los presos y sus custodios, protagonizaron por años verdaderas batallas campales al interior de los penales, que dejaron como saldo, centenares de muertos y heridos.
Las noticias en los medios y, sobretodo, las imágenes televisivas contribuían aún más a dramatizar los hechos. Las imágenes de los presos colgados de las rejas gritando su lógica desesperación ante las llamas, los disparos de gases y proyectiles que resonaban como golpes mortales en la conciencia pública, los llantos de los familiares de los reclusos agolpados en las cercanías de las prisiones clamando piedad para los suyos, representaron un espectáculo dantesco y aterrador que, la civilizada Europa daba en pasto a la opinión pública internacional, que la observaba atenta, absorta y estupefacta.
Pero si bien las imágenes difundidas por los medios provocaron alarma y desazón, tanto en los gobernantes como en las poblaciones, no fueron menos preocupantes las noticias que a raíz de los hechos comenzaron a tomar estado público.
El hombre común se enteraba por primera vez en forma oficial lo que quizá ya intuía o sospechaba.
En las cárceles del primer mundo operaba poderosas organizaciones criminales que, con la benevolencia cuando no en complicidad con funcionarios del Estado desarrollaban devastadoras actividades delictivas, tanto al interno como al externo de las cárceles.
La cárcel, lejos de ser una institución de rehabilitación, se mostraba como un devastador factor criminógeno.
Los magistrados encargados del control de legalidad al interno de los Institutos se disculpaban públicamente argumentando que la mole de las culpas caían indistintamente en los “funcionarios corruptos”, en los “magistrados atareados” y en los políticos que, en funciones de gobierno, no habían sabido tomar cartas en el asunto a su debido tiempo.
Se hizo evidente para las grandes mayorías que la cárcel no mejoraba la condición humana de sus ocupantes.
Las estadísticas oficiales eran, y aún hoy son demoledoras para la Fe pública. Decían y dicen con toda claridad que de los millones de hechos delictivos que se verifican anualmente en cualquier país, sólo un aparte viene denunciada y de los que alcanzan el nivel de “hechos judicializados” en su mayor parte serán “hechos no esclarecidos”. Pero aún aquellos que se transformarán en procesos penales, serán ulteriormente decurtados sin alcanzar el grado de reenvío a juicio y de quellos que llegarán a juicio sólo una parte recibirá una condena. Así que al final sólo serán condenados menos del 10% de los individuos que han cometido un delito.
Para obtener esos magros resultados, el Estado destina un porcentaje muy elevado de sus presupuestos.
En la cuestión criminal intervienen los tres poderes del Estado, varios Ministerios, ambas cámaras legislativas, decenas de divisiones administrativas públicas, las Universidades, los cuerpos de seguridad y una larga lista de sujetos que cuestan al erario público mucho más de lo que el hombre común imagina.
Por iniciativa política de “una nueva izquierda europea” todo el sistema de control penal apareció en el imaginario colectivo como un gigantesco paquidermo que devora insaciablemente todo lo disponible, desparramando a su paso sus excrementos.
Una verdadera tragedia colectiva ante la cual la sociedad no debía ni podía permanecer en silencio. Un silencio que sería considerado como renunciatario, sino como cómplice.
Había llegado la hora de hacer algo ante los hechos. Y ese algo se hizo.
Un amplio debate comenzó a desarrollarse, primer entre los adeptos al sector y más tarde en la entera sociedad. Todo fue puesto en discusión en materia de justicia penal. Desde la integridad moral y profesional de los magistrados hasta la idoneidad y capacidad operativa de los cuerpos administrativos. Se discutía apasionadamente en los claustros y en los medios, acerca de la eficacia y sustentabilidad de un sistema de control que se mostraba históricamente incapaz de conseguir los objetivos para los cuales había sido creado y sostenido.
Se cuestionó la validez ética y práctica de la pena en prisión.
Juristas, sociólogos, criminólogos, antropólogos sociales, semiólogos, psicólogos sociales, en fin el “ghota” del saber se expresó públicamente en todos y por todos los medios posibles, participando en convenios, simposios y conferencias, donde los representantes de las distintas escuelas se expresaron, criticando y proponiendo.
Paulatinamente se fueron delineando posiciones en busca de un consenso que permitiera reelaborar una política criminológica que tutelara eficazmente al cuerpo social sin mancillar los inalienables derechos humanos, ni aún los de aquellos que hubieran podido violar las leyes.
Los nuevos paradigmas del derecho penal estaban y aún hoy siguen estando representados por dos premisas fundamentales. Dos palabras de orden, dejuridicionalización y decarcerización.
Palabras complicadas y abstrusas que tal vez quisieron ocultar subrepticiamente en el imaginario social la confesión de un fracaso. Las conclusiones fueron dramáticas y apremiantes.
Ni el proceso penal es el medio más eficaz e idóneo para obtener Justicia, ni la cárcel es el lugar apropiado para la recuperación social de aquellos que traicionando el pacto de convivencia se hubieran hecho responsables de un delito.
Esas fueron las conclusiones que los legisladores debieron tener en cuenta para reelaborar las nuevas política sen el ámbito penal.
Las penas en prisión deberían ser, de ahí en más, el último instrumento utilizable por los jueces al momento de dictar sentencia. La cárcel quedaba reservada para aquellos individuos que hubieran demostrado haber hecho del delito una profesión, o para aquellos que por sus particulares características psicológicas y sus comportamientos hubieran demostrado ser peligrosos para ellos mismos o para la sociedad.
Se legisló en matea reformando los distintos códigos en concordancia con los nuevos paradigmas.
A la luz de la teoría de los conflictos se buscó favorecer la “composición”, sustrayendo de la órbita penal todos aquellos conflictos interpersonales que pudieran ser dirimidos con otros métodos. Pero por sobre todo se reformó radicalmente el sistema penitenciario en todos los países de la Comunidad Europea.
A partir de entonces, mediados de los años ochenta, no se han vuelto a verificar motines ni revueltas en ninguna de las cárceles de Europa.
Los índices de reincidencias decayeron significativamente y el nivel de seguridad se elevó a tal punto que hoy todos los países que componen la CEE son considerados como modelos de civilización y ejemplos a imitar.
En nuestro querido País, se vienen verificando con cierta regularidad y frecuencia esos mismos episodios de violencia en las cárceles con los mismos saldos de dolor y muerte que tanto ofendieron la conciencia social de la vieja Europa. Pero aquí, en nuestro querido País, no parecen hacer mella ni en la ciencia social ni en las de sus dirigentes que sólo se limitan a hacer declaraciones sorprendentes en los medios.
El señor ministro del Interior, Aníbal Fernández, declara por radio y televisión que “las cárceles argentinas están llenas de perejiles”.
El señor presidente de la república, Carlos Néstor Kirchner, al abatir la cárcel de Caseros, en su alocución retransmitida por todos los medios dice: “Demolemos hoy lo que fue un instrumento de tortura para miles de ciudadanos argentinos Sabemos que el problema de la cárcel es una deuda que mi gobierno deja para que sea solucionado por el próximo gobierno”.
Declaraciones, declaraciones políticamente correctas. Pero a pesar de las, cada vez con mayor frecuencia continúan las catástrofes en las cárceles.
A nadie parece preocuparle demasiado el drama de los ciudadanos detenidos, muchos de los cuales, demás está decirlo, son o resultarán inocentes.
La conciencia nacional se parece cada vez más al avestruz que puede deglutir todo sin problemas. Traga, traga, parpadea y continúa impertérrito su marcha cotidiana. Nadie parece querer saber qué está pasando en cárceles argentinas a pesar del descrédito generalizado de nuestra magistratura de las sospechas de corrupción difusa en el Sistema Penitenciario.
“No son 34 los muertos en la cárcel de Santiago del Estero”, dice enojado con la prensa el señor gobernador, “son sólo 33”. Pero nada dice acerca de la denuncia de los familiares de los muertos que ante la justicia dicen que el pabellón fue incendiado intencionalmente.
Y bueno, dice doña Rosa, si están ahí es porque algo habrán hecho.
Los habitantes de este mundo misterioso y enigmático fueron, son y volverán a ser ciudadanos argentinos, gente común, personas de carne y hueso, padres, hijos, esposas y madres, seres humanos con los cuales tarde o temprano se deberá convivir.
El monstruo de la delincuencia, a la que todos decimos querer combatir, crece inexorablemente, se difunde, se hace cada día más cruel e inhumana. El monstruo crece y un silencio helado parece haber caído en la conciencia nacional.
Silencio…silencio. De eso no se habla, sino con alguna frase aquí o allá, pero eso sí, que sean políticamente correctas y, sobre todo, inocuas.
- Juan Carlos Cirilo
Estudiante de Ciencias de la
Comunicación de la UNSa.
