El actual mandatario de la Provincia de Salta, el joven abogado Juan Manuel Urtubey, llegó a la gestión en diciembre de 2007 de manera claramente improvisada, con una carencia de personal idóneo para la cobertura funcional de las distintas áreas de gobierno, y objetivamente sin un plan lo suficientemente elaborado como para encarar una gestión eficiente.
Bajo la irónica mención de que él designaba para los distintos cargos a libertos –en referencia a los anteriores funcionarios del romerismo- que lejos de ofenderse por tan lapidaria y humillante calificación, rápidamente se reciclaron para asumir, se cubrieron las necesidades nominales para la permanencia de un Estado que no brinda a la mayoría de los ciudadanos respuestas oportunas a sus necesidades, y que solamente ha dado continuidad a un perfil identificado lisa y llanamente con los negocios de empresarios e influyentes que rodean a la elite gobernante, y que no han variado la impronta de un estilo de conducción liberal, conservador y ajeno a cualquier atisbo de cambio sustancial, idéntico al de su antecesor durante doce años. Nada por cierto de esperanzas de cambio, de justicia social o de progresismo distributivo.
En eso de jugar al enroque permanente de las mismas figuras ya desgastadas por tantos años de permanencia colgados del presupuesto de la Provincia, alternan sucesivamente los mismos apellidos en disímiles funciones de cualquier competencia, y como tales, casi ninguno de ellos es especialista en nada. En ese trajín no le dan respiro al gobernador y cada semana se hacen notar por la prensa, pero no para elogios precisamente.
El último estrépito mediático lo protagonizó el ministro Alfredo De Angelis, que puso en evidencia nuevamente la costumbre arraigada de la elite gobernante, de hacer del presupuesto público un sinfín de generosas ayudas a parientes y amigos. Esta vez fue el turno de la empresa Luxem, en la cual su propia hermana tiene participación. Luxem gozaba de contratos de locación en el lujoso edificio de la esquina de Av. Belgrano y República de Siria. Al conocerse el negocio celebrado de manera directa, se mudaron raudamente empleados y funcionarios, primero, a cada uno de sus hogares con las computadoras del ministerio, para luego ser reubicados en dependencias del Grand Bourg. Un verdadero papelón.
Para despegarse del entuerto de estos favores indebidos, el médico Luis Fernando Saavedra como titular de la empresa IMAC, que se apresta a inaugurar una clínica en calle Adolfo Güemes casi España, salió a los medios para aclarar que la empresa constructora Luxem no tenía vinculación con ellos al momento de que el Estado salteño le otorgara un crédito blando para la construcción del edificio. ¿Un crédito qué? Si, un crédito de fomento de la actividad privada en el ámbito de la salud, que no solamente tiene este grupo de médicos empresarios sino varios y muy conocidos. En este caso, nada menos que un millón y medio de pesos.
Ahora tendrá que explicar el joven gobernador cómo es esto de que con fondos públicos se constituyan sociedades anónimas para que médicos asociados con fines comerciales, construyan edificios para formar empresas privadas. Esto surge de la Ley Nº 7679 de agosto de 2011, y reglamentado por Dec. 1787/2012, llamada “Sistema de Salud para promover la expansión de la capacidad de los servicios de salud en la Provincia”, título que debería aclarar que es para expandir los servicios privados de salud, mediante la expansión previa del patrimonio personal de los médicos que prestarán esos servicios.
De esta manera, la pomposa denominación de la ley y sus decretitos reglamentarios que aparentarían una noble misión de dar más y mejor salud a la población, encubre en realidad el favorecimiento directo a un segmento profesional privilegiado que hace negocios con la cosa pública. Si en verdad se quisiera expandir la capacidad de los servicios de salud en la Provincia, se debería poner todo ese dinero en los hospitales públicos que literalmente están colapsados, y no seguir generando fuentes de ingresos subsidiadas a los particulares captadores de clientes insatisfechos del sistema estatal de salud.
Recordemos que los servicios públicos garantizados a través de Constitución de la Provincia a los ciudadanos son: los de salud, educación y justicia. Pero, en este tren en el que se dilapidan los escasos fondos del erario en favorecimiento económico de los de clase menos necesitada, como los son los señores profesionales médicos para que construyan clínicas, a la par de todas las empresas privadas que también son subsidiadas para la educación privada, no sería de extrañar que en el futuro próximo los abogados allegados al poder político –además de todos los cargos inventados y los contratos truchos de consultorías con los que son becados permanentemente- comiencen a pedir créditos de fomento para construir sus estudios jurídicos para compensar la desigualdad con los galenos y los educadores, con el argumento de que al fin y al cabo los letrados son auxiliares de la justicia, un servicio tan esencial como los otros dos.
Esta forma de gobernar, en síntesis, expone muy claramente la diferencia entre ser un estadista y ser un mero administrador ocasional -y bastante mediocre por cierto-, de los intereses públicos para favorecer los intereses privados ligados a conceptos de clase, que no tiene nada que envidiarle al anterior gobernador Juan Carlos Romero, gestor de similares o idénticos negocios con los allegados de esos tiempos, muchos de los cuales, dicho sea de paso, son los mismos.
Esta total falta de tacto en la gestión evidencia que el improvisado gobernador carece de un asesor lúcido que lo ponga en aviso o bien que el papel lastimoso que cumple le importa un rábano. Como ejemplo reciente, cabe recordar que el primer mandatario viajó a la ciudad de Orán para inaugurar una fuente de aguas danzantes, en la misma región donde habita la madre de familia que le relató a una médica del desmantelado Hospital San Vicente de Paul hace muy pocos días, que a veces engaña a sus pequeños hijos hirviendo una piedra hasta que los niños finalmente se duermen esperando la cena.
Ciertamente hay cosas que cambiar en Salta, y rápido. El rumbo errático de la casta gobernante que de la mano de Juan Manuel Urtubey se guía por cuestiones de sangre y linaje, sería lo primero que hay que renovar, siempre y cuando no volvamos a permitir el reingreso al desgobierno de doce años de Juan Carlos Romero y sus cómplices, actores principales todos ellos –los anteriores y los de ahora- en la generación progresiva y desaprensiva del drama actual que nos toca vivir.
Se trata ciertamente, y entiéndase bien, de cambiar y no de conformarnos con alternar de miseria en miseria.
- Daniel Tort, abogado y periodista
tdaniel@arnet.com.ar
