Los dirigentes Carlos “Uluncha” Saravia (UCR) y Carlos Morello (Movimiento Libres del Sur) presentaron un pedido de apertura de investigación al Procurador General de la Provincia, a los efectos de establecer si existe comisión de delito en la conducta del Presidente y del Vice-Presidente del Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA).
El pedido se realizó a partir de denuncia periodística publicada por el periodista Antonio Oieni, en el que se da cuenta de que Sergio Gustavo Mendoza García y Nelson Gerardo Posadas podrían estar incursos en negociaciones incompatibles con la función pública, falseamiento de declaraciones juradas e incumplimiento de los deberes inherentes a sus cargos.
La nota publicada en un matutino local puso en evidencia que Mendoza García habría incurrido en graves omisiones en su declaración jurada respecto de cuentas corrientes bancarias, automotores, participación en la empresa San SRL y los ingresos de su cónyuge. Los referentes del frente “Unión por la República” han dejado constancia en su petición de los estrechos vínculos del presidente con el hermano del gobernador Facundo Urtubey.
En el caso de Posadas, a pesar de constituir una prohibición, integra el staff de la “Consultora Pluss” con oficinas en calle España 21 de la Ciudad de Salta, en sociedad con el diputado nacional Fernando Yarade, siendo auditor externo de Inversora Juramento S.A., como también de las empresas Agropecuaria Osma SA, L’Aurore SA, Petroandina SRL y Unilab SA.
“La situación irregular merece no solamente una investigación judicial y eventuales sanciones penales, sino también una respuesta del Gobernador que a pesar de la notoriedad que adquirió la noticia no se ha expedido al respecto ni ha dispuesto la remoción de los involucrados. Vamos a denunciar cada hecho de corrupción de este gobierno y lo haremos sin pausa mientras los abusos e irregularidades sean crónicos” expresa Saravia.
La irregularidad en el desempeño del cargo surge de la ley provincial 7070 que regula el funcionamiento del órgano de control que los acusados integran y representan como máximas autoridades, en las que se impone la dedicación exclusiva e incompatibilidades idénticas a las de los magistrados. En lo que aparece como un dato no menor, el artículo periodístico puso de manifiesto que tanto Mendoza García como Posadas ni siquiera cumplen con carga horaria razonable, al asistir a la sede de su trabajo de manera eventual o intermitente, a pesar de percibir elevados sueldos, dedicándose de manera oficiosa a sus actividades personales.
“Es una vergüenza que un órgano de control tenga como máximas autoridades a personas que no cumplen con la ley que los rige y que, evidentemente, carecen de mayor compromiso con la función pública. Estos cargos deberían concursarse en lugar de que los elijan a dedo un hermano del gobernador o un diputado nacional vinculado al Banco Macro S.A. Me imagino que es el perfil que mejor le conviene a quienes se dedican a los juegos de azar y a quienes hay que controlar en lugar de complacerlos o apañarlos” agregó el dirigente radical.
La denuncia ofrece como prueba la nota periodística, las declaraciones juradas de Mendoza García y Posadas (el primero no ha actualizado la presentación, lo que también constituye delito) y pide el testimonio de Fernando Yarade, informes a las empresas en las que Posadas figura como auditor externo y hasta el allanamiento de la Consultora Pluss para comprobar la actividad profesional privada del vicepresidente del ENREJA.
