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Cristales rotos

Tres comisarios serán juzgados por el secuestro de Ragone

Los comisarios retirados Antonio Saravia (73), Néstor Liendro (74) y Abel Guaymás (78)serán juzgados acusados de haber colaborado para que quedara impune el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, un hecho cometido el 11 de marzo de 1976 y en el que fueron atacados dos testigos: el comerciante Santiago Arredes fue asesinado y Margarita Martínez de Leal logró sobrevivir a los disparos que recibió.

La causa contra estos tres comisarios fue elevada a juicio anteayer por el juez federal Julio Leonardo Bavio. Esta nueva investigación derivó del juicio oral realizado en 2011, en el que fueron condenados el ex jefe de la Guarnición Salta del Ejército, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de Policía, Miguel Raúl Gentil, y el ex jefe de Seguridad de la Policía salteña, Joaquín Guil.

En ese debate quedó claro que el sumario policial, Nº 233/76, instruido por la Policía ni bien cometido el secuestro de Ragone, sumaba irregularidades.

Por entonces Saravia era jefe del área de Contralor General o Informaciones Policiales y tenía a su cargo, según él mismo lo confesó, el control y seguimiento de quienes llevaran adelante acciones políticas o gremiales.

Con el grado de comisario inspector, Liendro era uno de los jefes de la Comisaría 1º de esta ciudad; Guaymás era el inspector de 1º Zona, que comprendía precisamente a la Comisaría 1º y dependía de Guil. Los tres tuvieron participación en las acciones que la Policía llevó adelante luego del secuestro de Ragone. “Fueron numerosas las anomalías acreditadas a lo largo de la sustanciación del sumario policial, falencias que en modo alguno pueden ser entendidas como torpeza, impericia y/o negligencia”, sostuvo el juez en la elevación a juicio.

Consideró en este sentido que quedó acreditado que este obrar tenía la intención de “impedir no solo la identificación y consecuente detención de los autores del hecho, sino fundamentalmente, evitar el esclarecimiento” de ese crimen.

Entre las irregularidades enumeró: la libertad que tuvieron los secuestradores para circular por tres provincias con vehículos robados; no se levantaron pruebas del lugar de los hechos (ni siquiera fueron convocada la División Criminalística); no se realizó la autopsia de rigor en el cuerpo del comerciante asesinado en el secuestro, Santiago Arredes; no se enviaron inmediatamente los radiogramas a las dependencias policiales de la provincia y de las otras provincias; no se hizo un análisis de la sangre hallada en el baúl del automóvil Ford Falcon utilizado en el secuestro; sin orden judicial se allanó la vivienda de Clotilde Ragone, hija de la víctima; se habría adulterado al firma de la testigo víctima Margarita Martínez de Leal; los vehículos usados en el secuestro fueron devueltos a sus dueños sin realizárseles exámenes periciales; no se tomaron testimonios considerados importantes; se hicieron allanamientos sin conocimiento del juez actuante.

Además, pese a que el hecho había ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 1º, el sumario fue enviado rápidamente a Informaciones Policiales, que estaba a cargo de Saravia. En el sumario hay reiteradas intervenciones de Guil, que estaba a cargo de Seguridad y que ya fue condenado por su participación en el homicidio de Ragone. Ya se sabe que Saravia respondía a Guil (ambos integraron el grupo de 21 jefes policiales investigados por apremios ilegales durante el gobierno de Ragone). El juez consideró en tal sentido que es obvio que el sumario fue sacado de la órbita de la Comisaría 1º para que el hombre fuerte de la represión pudiera direccionarlo a su gusto.

La investigación por este hecho continúa: al elevar a juicio la causa contra Saravia, Liendro y Guaymás, el magistrado decidió formar otra causa para seguir la pesquisa respecto de los policías Roberto Arredes (director de Personal, hermano de Santiago Arredes), Víctor Hugo Vilte y Santiago Matías Pedroza (autoridad de la Comisaría 1º); el militar Virtom Modesto Mendíaz y los miembros de la plana mayor del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 141 de Salta, entre ellos el teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, un personaje que se repite en las causas por delitos de lesa humanidad.

  • Informe: Elena Corvalán

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