El ex senador provincial Héctor Manuel Canto, ex detenido político que fuera miembro de la Comisión Investigadora de la desaparición de personas creada en 1983 en el Senado de Salta, sostuvo en el juicio del viernes 6 de mayo de 2011 que miembros de la Policía de la provincia participaron del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.
En duodécima jornada del juicio oral y público contra ocho represores declararon solo tres testigos. El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 16 de mayo, día para el que se esperaba el testimonio del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, aunque ya se informó que no llegará a tiempo.
“En el secuestro de Ragone no cabe ni la más peregrina duda de que tuvo participación la Policía de Salta por eso mataron a Arredes; por ser hermano de un policía, los conocía”, razonó Canto.
El almacén de Santiago Arredes estaba en la esquina de las calles del Milagro y Apolinario Saravia. El 11 de marzo de 1976, a las 8, el secuestro de Ragone se produjo en Del Milagro, entre San Lorenzo y Apolinario Saravia. Desde la esquina el almacenero vió todo, hay testigos que afirman que intentó detener el ataque. Los secuestradores huyeron hacia el sur y al pasar por la esquina mataron de dos disparos a Arredes.
El almacenero era hermano del comisario general Roberto Arredes, sindicado como miembro del grupo de comisarios que cometía apremios ilegales. Canto dijo que en la Comisión Investigadora llegaron comentarios de que quien había disparado sobre Santiago Arredes era el policía Julio De Ugarriza.
El ex senador dijo que en esta Comisión, que integraban también Balbín Gallo, Julio Aguirre y Enrique Zamboni, recibieron muchas denuncias y declaraciones de familiares de detenidos desaparecidos. Recordó que el ex director de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil era “el más nombrado” entre los represores. El comisario general retirado está siendo juzgado en este proceso, junto a Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Andrés del Valle Soraire, Héctor Zanetto, Pedro Herrera y Rubén Herrera.
Canto dijo que parte de la documentación colectada por la Comisión les fue robada del Senado; otra parte (alrededor de un 50%) le fue entregada por Balbín Gallo al entonces juez federal de Salta, Ricardo Lona, aunque no se hizo de manera formal, por lo que no existe constancia de este aporte. Y el resto la acercaron, ya en años más recientes, al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Miguel Medina.
Ayer también declaró el ex diputado nacional y ex camarista federal Eduardo Munir Falú (PJ). Se mostró fastidiado con Ragone. Dijo que en el 73, cuando él fue electo diputado nacional y Ragone, gobernador, eran “muy amigos”, a pesar de lo cual el médico “no quería que participara para nada de su gobierno”, por lo que se dedicó a la diputación nacional y se desentendió de la provincia. A tal punto, que cuando el entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora, le comunicó (a él y a los otros dos legisladores por Salta, Juan Carlos Cornejo Linares y Armando Caro) que se iba a intervenir la provincia, no consultó los motivos. “No eran tiempos para preguntar” se excusó. Luego, ante la pregunta de los querellantes, dijo que “no tenía ningún conocimiento” sobre Joaquín Guil ni sobre espionaje político en la provincia.
Sobre el final de la audiencia, el abogado David Leiva, querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, requirió al Tribunal Oral en lo Federal de Salta que se pida a la Policía que remita fotocopias de órdenes del día referidas a la División de Contralor General, la Dirección de Seguridad, el Departamento de Informaciones Policiales y el Grupo Antiguerrillero que funcionaba en la misma Policía. Pidió la nomina de quienes se desempeñaban en esas áreas y sus legajos.
La Fiscalía y las otras querellas adhirieron. Leiva dijo que es para contar con pruebas documentales de lo que vienen diciendo los testigos: que la Policía de Salta tenía dentro de su estructura una sección destinada al espionaje político.
El abogado Martín Avila, querellante por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia, pidió que se convoque a declarar a Miguel Agüero, que fue cuñado y secretario del ex jefe de Policía Rubén Fortuny, quien trató de desmantelar el aparato represivo. Avila también pidió que el primer testigo de la víspera, Jorge Rodolfo Nanni, fuera careado con el sacerdote Ernesto Escobar Saravia y con el testigo Damián Mendoza. El Tribunal le concedió el segundo careo.
- Elena Corvalán, periodista
