Se ha repetido con razón que el turismo es una industria sin chimeneas. Sin embargo, no sea cosa que en Salta, justamente, ese negocio se torne antiecológico y comience a despedir humo, hasta el punto de ir asfixiando otras actividades e invadir por ejemplo -y nada menos- que ciertos dominios privativos de la instrucción pública.
Conviene entonces cuidarse en salud, antes de que el “lobby” del turismo actúe como una descontrolada producción de soja con fronteras móviles, en avance sobre zonas de cultivos más tradicionales y necesarios. (Y téngase presente aquí que la voz castellana “cultura” proviene de un idéntico término femenino latino, cuyo campo semántico abarca el sentido de “cultivo” de la tierra o agricultura.)
Las denuncias, en especial las formuladas por miembros del cuerpo docente local entre otros profesionales, recogidas en periódicos de Buenos Aires como La Nación referentes a que el Poder Ejecutivo Provincial cedió en comodato a una cámara del ramo turístico cierta parte del edificio del histórico Colegio Nacional, hoy Colegio Secundario Nro. 5080, son más que claras y alarmantes; tanto que impulsaron el trámite de varios pedidos de informes legislativos como los debidos a la senadora Claudia Vargas y a la diputada Virginia Cornejo.
Frente a la realidad por demás difícil de la centenaria casa de estudios que por si fuera poco padece de un gran deterioro edilicio, no puedo menos que hacer ahora una digresión personal y pensar qué lejos quedó la jocosidad de Juan Carlos Dávalos, también en su hora celador y catedrático de biología allí, que en risueñas cuartetas celebraba en 1926 la jubilación de su colega y por años “Secretario Providencia/ del Colegio Nacional”, como le llamó en aquellos versos: el profesor Daniel Policarpo Romero (1871-1958), mi abuelo paterno, fundamento de mi “interés subjetivo” por el tema.
Por de pronto, quitarle espacio físico -no importa si pequeño o más o menos derruido al presente, como argumentó un funcionario- a una institución oficial de enseñanza para beneficiar a la representación institucional de un comercio por más redituable que este sea, muestra una visión si se quiere empresarial de la cosa pública, más propia de “yuppies” que de estadistas en la tradición de Sarmiento, de Mitre que fundó el Colegio Nacional en 1864, o del escritor y político salteño Joaquín Castellanos, un promotor de la enseñanza laica y gratuita, “cuya administración, discutida políticamente -escribió Fernando R. Figueroa en su “Diccionario Biográfico de Salteños”– se caracterizó por su afán de promover la cultura”.
Es sabido que el gobernador Castellanos, un intelectual comprometido con la enseñanza secundaria -además de con la cátedra universitaria-, como que en distintos momentos de su vida fue profesor en el Colegio Nacional de Catamarca, en la Escuela Normal de esa ciudad y en el Colegio General Pueyrredón de Buenos Aires, sin abrigar duda alguna sobre el papel nivelador y democratizador que representa la educación para los pueblos fundó, durante su corta gestión gubernativa, la Biblioteca “Victorino de la Plaza” y la Escuela de Manualidades.
Con esos antecedentes a la vista, podría esperarse que otros gobernantes de Salta demostraran tener en los hechos y sin protegerse detrás de estadísticas siempre al talle o de sonrientes propagandas, una preocupación real por la instrucción popular, como principal elemento del Bien Común que por definición es algo que tiene poco que ver con los provechos personales o sectoriales.
Sucede que el Estado posee obligaciones ineludibles que deben ser a la vez entendidas como prioridades por cualquier administración que se precie de progresista. Es esencial entonces, más allá de lo poco novedoso de repetirlo, que brinde sin retaceos una formación de excelencia a la juventud en los ámbitos más adecuados y que contemplen las mayores comodidades y las mejores posibilidades de aprendizaje.
Sólo después de asumir ese deber, según corresponde sobre todo a este mundo al que domina la eficiencia y donde el conocimiento es la garantía de la inclusión social, de la superación individual y del desarrollo provincial, regional y nacional, vendrán todos los apoyos y los subsidios para las actividades económicas que se juzgue del caso impulsar.
Pero que quede claro, una cámara empresarial como la ahora favorecida con el comodato que le permite asentarse sobre el terreno de la antigua vivienda del mayordomo del Colegio, es técnicamente hablando una entidad de primer grado que ante todo defiende a sus miembros y promueve sus negocios; negocios privados que eventual y subsidiariamente pueden -y hasta acéptese que lo logran- beneficiar a ciertos otros sectores de la comunidad, si es que para el caso funciona aquel incierto rebalse del vaso de la abundancia de unos pocos, en la imagen tan recurrida en los años noventa por la nada ingenua publicidad neoliberal que en su consigna de achicar el Estado transfirió a las provincias, por ejemplo, el peso de sostener el ciclo medio de enseñanza. Faltaba sólo la amenaza de que colegio que se desmorona colegio que cierra.
Y es que no es casual ni tampoco original en la historia del país el avance tipo marabunta sobre el terreno educativo; con medidas como la reducción lisa y llana de presupuestos, traducida en la caída literal de edificios escolares y en congelamientos o ajustes salariales a maestros y profesores que además, si reaccionan en defensa de sus derechos, son tachados de “vagos” como lo hizo el Jefe de Gobierno porteño auricio Macri hace poco, con grosería digna del “acorralador” de ahorros ajenos Domingo Cavallo cuando mandó a lavar los platos a los científicos del CONICET.
Una reiteración de errores y desidias en la materia que habla de lo imprudente que es seguir hoy poniéndole picas en Flandes desde el poder, algo a lo que parece sonar el comodato en cuestión. Porque en este Flandes de la educación pública -y valga la metáfora-, somos muchos los que no queremos, ni podemos, ni debemos resignarnos a que también se haya “puesto el sol”, por parafrasear el título de la obra teatral del escritor barcelonés Eduardo Marquina estrenada en 1910.
Buenos Aires, junio de 2009.
