La Ley de Violencia Familiar, que fuera sancionada apresuradamente como consecuencia de un crimen aberrante que puso al desnudo la desidia, ha mostrado severos defectos tras otro episodio que conmueve a la ciudadanía. Casi de inmediato la Corte de Justicia reunió a los actores del Poder Judicial y el Ministerio Público y se anuncian nuevas reformas que se pondrían en vigencia mediante una acordada del alto tribunal.
Las modificaciones lucen estériles y la impresión no podrá variar de no tomar conciencia que deben atacarse las causas del dilema y no actuar sobre las consecuencias.
Entre las respuestas a la problemática se menciona la creación de un padrón de violentos que solamente se advierte como vehículo del escrache público y provocaría repercusión negativa en sus expectativas laborales y mayor fricción en los núcleos castigados. Se intenta apagar fuego con fuego, y se desconoce groseramente que la violencia abreva del alto nivel de conflictividad que anida en los ámbitos familiares sumidos en el déficit social que comprende otros males colectivos como el desempleo, el alcoholismo y la drogadicción.
Tras los fracasos transitorios ha quedado en claro que las respuestas no pueden esperarse solamente del Poder Judicial aún cuando es evidente que esta patología social se ha judicializado en demasía. La sanción de la Ley de Violencia Familiar ha logrado que las víctimas propendan a la denuncia superando temores fundados, pero también ha colapsado el tercer poder con un ingreso promedio de cien denuncias diarias sólo en el Distrito Judicial Centro, que involucra el denso departamento de la Capital.
Cuando la multiplicación de las causas sofocó al fuero de familia se encomendó el tratamiento a los juzgados civiles y comerciales que también vieron alterados sus derroteros y devaluaron el servicio de administración de justicia provincial. Por último, se crearon dos nuevos juzgados de familia que ya fueron superados por los requerimientos cotidianos. Ninguna de estas medidas adquirió el rango de solución adecuada y eficiente sino de mero paliativo.
Los motivos por los que la legislatura provincial no ha puesto el acento en las
responsabilidades del Poder Ejecutivo se desconocen. Sin embargo, es hora de que una reforma de las normas que rigen estos casos contemple, dentro de sus áreas funcionales, la creación de un cuerpo específico que realice tareas de prevención y releve de manera inmediata los hechos ventilados en las denuncias y la gravedad de las situaciones sometidas luego al arbitrio judicial.
Actualmente, es imposible que un juez de familia logre forjarse un criterio
razonable en relación a los cien casos que ingresan a su juzgado en una sola
jornada. Simplemente porque no logra tomar conocimiento cabal de cada realidad. La respuesta obligada es la exclusión sin límite de tiempo de uno de los cónyuges, la restricción de acercamiento al domicilio de la víctima, consignas policiales rotativas y la abstracta orden de que cesen los actos de violencia. El caso de Julieta Arias también ha puesto en duda la efectividad de estas órdenes. En otros, el desmembramiento familiar es una de las consecuencias del trámite judicial, al margen del sustrato íntimo de cada pareja en conflicto.
La unidad de asistencia social debe contar con una estructura de personal calificado (asistentes sociales, psicólogos, etc.) y vehículos en número suficiente para cubrir en tiempo oportuno los contextos que se denuncian como críticos. Es necesario ilustrar al juez sobre las condiciones personales de cada estructura familiar y su inserción en el vecindario, sin perjuicio de que podría actuarse de inmediato si se percibe inminencia de peligro para alguno de sus integrantes.
No se advierte que la iniciativa pudiera repercutir sensiblemente en las arcas
estatales considerando que este gobierno ha sobredimensionado el gabinete y el gobernador exhibe aproximadamente una centena de “asesores” que no trabajan y perciben sueldos impúdicos. En cuando al parque automotriz es bueno recordar que apenas asumió el gobernador le entregó una camioneta a una institución vinculada a la fuerza policial, animado por la afinidad y no por las reales necesidades públicas. Si estamos en condiciones de repartir autos o camionetas para los amigos, parece una verdad de Perogrullo que es posible rescatarlos para mejor destino.
Una vuelta a la austeridad y la prudencia deberían conducirnos a rever el
despilfarro e invertir los recursos en cuestiones como la violencia familiar que
luce prioritaria.
