En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se recuerda en todo el mundo el día 28 de Mayo, la Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer UNSa y CLADEM exigen políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a alcanzar el nivel más alto de salud, entendida ésta como la ha definido la Organización Mundial de la Salud.
Esto es, como el estado de bienestar físico, psíquico y social. En especial, medidas estatales tendientes a asegurar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos legalmente contemplados.
Por estos días, el caso de la niña wichi de 12 años que cursa un embarazo de seis meses como consecuencia de haber sido violada, nos alerta una vez más que el Protocolo para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles aprobado por Decreto Provincial Nº 1170/12, resulta no solo dilatorio sino obstructivo del efectivo acceso a una práctica legal en Argentina desde hace más de un siglo según nuestra legislación penal.
Como lo hemos señalado en relación con casos similares a este, urge que la Provincia instrumente las medidas necesarias para asegurar la privacidad e integridad de las niñas y las mujeres que se encuentran internadas en condiciones de ejercitar su derecho a someterse a un aborto no punible, así como la de aquellas mujeres o niñas y sus familias que atraviesan por el proceso de toma de decisión, para que ésta sea adoptada en un marco de libertad, sin condicionamientos ni miradas sesgadas, ajenas a los intereses, deseos y proyecciones vitales de las protagonistas, que entre otros sentimientos imparten temores científicamente infundados.
Sin duda, el protocolo vigente legitima esos atropellos a la libertad y a la igualdad al instituir a los/as magistrados/as del Ministerio Público así como a los/as operadores/as de la salud en guardianes/as de esa moral antipluralista y antidemocrática que choca con nuestro orden convencional y constitucional.
Por eso, este nuevo caso, interpela también a la Legislatura de la Provincia que se rehúsa a tratar el Proyecto de Ley de adhesión a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, como lo han hecho trece jurisdicciones del país. Y a los ministerios a los cuales les compete “el abordaje integral” (Justicia y Derechos Humanos, Salud, Primera Infancia) que siempre se declama, desplieguen acciones afirmativas para combatir la situación histórica y estructural de marginalidad que viven las más pobres entre los pobres, las más vulnerables entre los vulnerabilizados por este mundo expulsivo, como lo son las niñas indígenas de nuestra provincia.
Este 28 de mayo además renovamos el pedido que desde el año 2014 venimos haciendo a las autoridades de la cartera provincial de salud para conocer información pública relativa a:
- La cantidad de abortos no punibles realizados en nuestra provincia, en virtud de los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal Argentino;
- En tanto la guía provincial no contempla el procedimiento para el denominado aborto terapéutico, ¿cómo se actúa?
- Dificultades para la aplicación del protocolo.
