El Partido Obrero reclama el inmediato relevo de Skaf. Afirman que «su simple renuncia constituiría un acto de encubrimiento. Asimismo debe ser relevado Sandoval y desmantelada la D 2 y cualquier organismo que haga inteligencia sobre la población», dicen dirigentes obreros.
El diputado Pablo López y el dirigente del PO y de Tribuna
Docente, Claudio Del Plá, solicitaran una entrevista el miércoles próximo con el Juez Costas para exigir el avance de la causa por espionaje a la huelga docente que, segun los integrantes del PO, «en los últimos 8 meses no avanzó un solo paso».
«La documentación presentada por Cristina Cobos ante la comisión de derechos Humanos del Concejo Deliberante Capitalino es más que contundente. Un documento donde el hasta ahora Secretario de Seguridad se declara un orgulloso subordinado al alto mando de la policía federal, durante la dictadura militar, haciendo explicita su coincidencia política con la dirección de esa fuerza, es decir con el gobierno de facto. No olvidemos que además, Skaf, fue parte de la secretaria de seguridad bajo el mando de Sergio Nazario y luego de Gustavo Ferraris.
A la presencia de Skaf, se suma la del comisario Rubén Sandoval, ex jefe de la oficina de inteligencia de la policía, D2, responsable del espionaje a los
docentes durante la huelga del año pasado.
Por su parte el Jefe de policía Gerardo González, en relación a la D 2 aseguró que “la misión de dicho departamento es procurar la información que tienda a
desestabilizar el sistema y estructura del gobierno, fundamentalmente al
funcionamiento de la policía” (DDN 27/02/08). Con estas declaraciones podemos asegurar que los docentes salteños ya están siendo espiados, pues una medida de fuerza de estos seria considerada, como bajo el gobierno de Romero, una amenaza de desestabilización del gobierno.
No se puede separar de todo esto a la designación de Ferraris en la Corte de Justicia, la cual fue tomada por el propio Urtubey como un hecho irreversible, para desalentar la movilización popular.
Frente a estos hechos el Ministro de Seguridad, Justicia y de Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos, ha ratificado a Skaf en su cargo, señalando que no se puede perseguir a todo el que tenga uniforme. Además ha señalado que lo que importa no es el personal sino el contenido político de su dirección, por lo que antes el personal respondía a un estado represivo y ahora respondería a un supuesto “estado social”.
Pero no estamos hablando de un oficial que era cadete durante el gobierno de Romero, sino de gente que tuvo responsabilidades directas en tareas de
inteligencia, uno durante la dictadura y el otro en la actualidad. Juárez Campos debería explicar porque hacen falta los espías y los represores de la dictadura para instrumentar este “cambio“.
Por lo expuesto, es claro que no se trata de hechos que se le hayan pasado por alto al Gobernador o a sus funcionarios. Cuando se los nombro se conocía
perfectamente quienes eran y que habían hecho, es mas ahora se los defiende tenazmente y hasta se imputa a los organismos de derechos humanos de estar inspirados en un sentimiento de “pura venganza” cuando lo que se reclama es justicia y desmantelamiento del aparato represivo».
