Los 11 presos políticos asesinados por el terrorismo de Estado el 6 de julio de 1976 fueron recordados con dos actos en el paraje Palomitas, sobre la ruta nacional 34, el lugar donde se cometió la masacre y en el Portal de la Memoria de la ciudad de Salta. En ambos hubo coincidencia en reclamar justicia y en la anulación de la ley antiterrorista.
En el primer acto, realizado en el lugar de la matanza, familiares, militantes de organizaciones de derechos humanos, de gremios y de partidos y agrupaciones políticas reivindicaron la militancia política de las víctimas y se pronunciaron en contra de “las políticas neoliberales”.
El segundo acto, convocado por organizaciones de derechos humanos, gremios y partidos políticos confrontados con el gobierno nacional, se realizó a la tarde, en el Portal de la Memoria de la ciudad de Salta.
Cerca de la pequeña localidad de Palomitas, sobre la ruta nacional 34, al pie de la cruz y el cartel que señala el lugar donde los 11 detenidos políticos fueron asesinados, la noche del 6 de julio de 1976, en el marco del terrorismo de Estado impuesto por los militares y civiles que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976, se realizó el primer homenaje, del que participaron familiares de las víctimas.
Nora Leonard, ex presa política y hermana de Celia Leonard, asesinada en Palomitas, y Cristina Cobos, también familiar de víctimas del terrorismo estatal y paraestatal, oficiaron de conductoras del homenaje, que tuvo picos de emoción, como cuando se leyó una reseña biográfica de los presos. Este momento, igual que la lectura de un poema escrito por Rodolfo Usinger cuando estaba detenido, en 1975, y una carta de Roberto Oglietti, dirigida a su hermana Nora, tuvieron la virtud de traer al presente las palabras y el pensamiento de los homenajeados.
Además de la maestra Celia Leonard, Oglietti y Usinger, que era ingeniero electrónico, en Palomitas fueron asesinados la esposa de este último, Amarú Luque; el marido de Celia, Benjamín Ávila, también la docente Georgina Droz, el médico Alberto Savransky, el ex diputado provincial Pablo Outes, la arquitecta María del Carmen Alonso (que era sobrina del ex gobernador Miguel Ragone, y funcionaria de su gobierno), la sicóloga santafesina Evangelina Botta y el comerciante José Povolo. Todos tenían militancia política, unos en Montoneros y otros en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El documento leído en el acto concluyó con un pronunciamiento en contra de las políticas neoliberales “encarnadas en la provincia por Juan Carlos Romero”, el rechazo a la represión a los pueblos originarios, a “los que luchan contra la megaminería” y el “pedido de la derogación de la ley antiterrorista”.
También fueron emotivas las palabras del hijo de Evangelina Botta de Nicolay, Emiliano Nicolay, y las de Beatriz Valencia, integrante de Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, que resisten la instalación de la planta de nitratos Austin Power. Los jóvenes de las agrupaciones y partidos políticos le dieron colorido y sonido al final. El cierre estuvo a cargo cantaautor Riqui Zarra.
Salario justo y vivienda digna
En el acto en el Portal se reivindicaron los “ideales” de las víctimas, pero con los matices impuestos por la actualidad política. Aquí también hubo colorido de banderas y carteles.
Los convocantes destacaron que continúan la lucha de los mártires de Palomitas por “un proyecto de liberación, contra la dependencia imperialista; la vida y la libertad; salud, educación, salario justo y vivienda digna para todos”. Y exigieron que se establezca la verdad “sobre lo que pasó con todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos”, la restitución de la identidad a los más de 400 chicos apropiados, la desclasificación de los archivos de la dictadura, que los genocidas, cómplices e ideólogos sean condenados a reclusión perpetua en cárcel común, la nulidad de la ley antiterrorista y la aparición con vida de Julio López.
La causa
La Masacre de Palomitas se cometió en plena dictadura cívico-militar. Las 11 víctimas estaban detenidas en la cárcel de Villa Las Rosas, de donde fueron retiradas por miembros del Ejército con la excusa de que iban a ser trasladadas a Córdoba.
Ni bien se cometió este crimen, el Ejército lanzó la versión de que los presos habían muerto en un enfrentamiento provocado por un grupo de guerrilleros que había intentado liberarlos. La versión oficial es coincidente
La primera denuncia sobre el hecho fue realizada por presos políticos en la cárcel de Rawson, por entonces se hablaba de que los fusilados habían sido 16, 11 sacados de la cárcel salteña y 5 de la cárcel de Jujuy.
La Justicia Federal tiene por probado que en Palomitas fueron asesinados María del Carmen Alonso, Evangelina Botta, Pablo Outes, Georgina Droz, Roberto Oglietti, Alberto Savransky, José Povolo, Amaru Luque y su marido, Rodolfo Usinger y Benjamín Ávila y su esposa, Celia Leonard, cuya hermana, Nora Leonard, ex presa política, es uno de los familiares que impulsa la investigación de este hecho.
Los presos de Jujuy que aquella primera denuncia daba por muertos en Palomitas son Jorge Turk Llapur, Dominga Alvarez, María Alicia Ranzoni, Chamiz y Jaime Lara, que continúan en calidad de detenidos desaparecidos, igual que Droz y Botta, cuyos cuerpos nunca aparecieron.
La Justicia dividió la causa penal en tres partes, conocidas como Palomitas I, II y III. Las dos primeras partes cuentan con sentencias: en diciembre de 2010 fueron condenados a prisión perpetua los ex militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo Espeche. En diciembre de 2011 fueron condenados a igual pena el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil, mientras que el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una condena de 20 años.
Como parte de las actividades recordatorias de los sucesos de Palomitas se llevó a cabo también, el miércoles y el jueves último, un Encuentro de Archivos de la Memoria, y se realizó una mesa de derechos humanos en la historia, en la Plaza 9 de Julio de esta ciudad. Estas actividades finalizaron con un homenaje.
- Informe Elena Corvalán
