Desde que Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, su propuesta de mantener un déficit fiscal cero ha sido uno de los pilares fundamentales de su gestión. Este enfoque económico, que busca equilibrar las cuentas públicas mediante la reducción del gasto, ha generado un intenso debate en la sociedad argentina. Sin embargo, es necesario analizar que este logro tiene también un costo asociado a una política fiscal de recortes y ajustes inhumanos.
Dado el contexto actual, es crucial que el gobierno revierta su enfoque y busque un equilibrio entre el cruel ajuste fiscal y las necesidades esenciales de la sociedad. De lo contrario, el riesgo a una crisis humanitaria y a un descontento social creciente podrían hacer estallar su administración.
Un enfoque radical
Desde el inicio de su gobierno, Milei implementó un conjunto de medidas drásticas. La reducción del tamaño del Estado fue una de las primeras decisiones. Se recortaron presupuestos en áreas clave como salud, educación y programas sociales, lo que generó preocupaciones sobre el acceso a servicios básicos por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad. Según informes de organizaciones no gubernamentales, en tres años miles de argentinos ya perdieron su calidad de vida, mientras que el desempleo escaló a cifras históricas como consecuencia de los despidos masivos en el sector público y privado.
Hoy se hizo público que para sostener su promesa de déficit fiscal cero, el gobierno utilizó un fondo de US$3.000 millones que, originalmente, estaban destinados a la ejecución de obras públicas. Este movimiento despertó críticas sobre la falta de inversión en infraestructura necesaria para el desarrollo del país, y sobre cómo la administración utilizó recursos que podrían haber mejorado la calidad de vida y creado empleo.
Sin embargo, Milei defendió su estrategia argumentando que era una medida necesaria para restaurar la confianza en la economía argentina y atraer inversores.
El costo social
A medida que las políticas de austeridad se implementaban, los efectos sociales comenzaron a hacerse evidentes. En muchos casos, los recortes presupuestarios en salud y educación resultaron en un aumento en la mortalidad infantil y un descenso en la matrícula escolar. Las organizaciones de derechos humanos y activistas sociales denunciaron el avance de la pobreza extrema, que ahora afecta a más del 40% de la población.
La reducción de subsidios en servicios públicos, como electricidad y transporte, ha elevado el costo de la vida, generando un descontento social que ha llevado a movilizaciones masivas en las principales ciudades del país.
Las protestas, impulsadas por una combinación de trabajadores despedidos y ciudadanos afectados por la crisis, han puesto en jaque la estabilidad del gobierno. La represión de estas manifestaciones ha generado aún más tensión entre el Ejecutivo y la sociedad civil.
Además, el aumento de precios de bienes y servicios básicos ha erosionado el poder adquisitivo de los argentinos. Aunque el gobierno sostiene que la inflación tiende a estabilizarse, muchos ciudadanos sienten el impacto inmediato de las medidas en su día a día. La polarización social se volcó mayoritariamente en contra porque se siente atrapado en una espiral de pobreza y desesperanza.
El análisis económico
Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que continúan en funcionamiento recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$3.000 millones. Se trata de recursos que cuentan con un destino específico establecido por ley y que, principalmente, están vinculados con el financiamiento de obras de infraestructura.
Su decisión de desviar estos fondos destinados a obras públicas atenta contra la recuperación de la economía argentina. El volumen de recursos no utilizados muestra una brecha entre la recaudación de los fideicomisos y la ejecución efectiva de las partidas destinadas a sus objetivos originales.
Las planillas oficiales reflejan que durante 2024 se ejecutó solamente el 55,8% de lo recaudado. En 2025, el porcentaje de ejecución ascendió al 69,5%, mientras que durante el primer trimestre de este año llegó al 69,7%.
El contraste entre las colocaciones financieras y los recursos destinados efectivamente a obras muestra otra dimensión del esquema adoptado por la administración nacional.
