El mismo porcentaje se aplicará a los ingresos por privatizaciones de empresas con participación estatal. La novedad se supo luego de ser publicada el lunes 4 de mayo en el Boletín Oficial. Ante la ausencia del presidente Javier Milei, el encargado del anuncio fue Adorni como un mensaje más de que las acusaciones de corrupción y enriquecimiento del Jefe de Gabinete, son «una opereta».
La norma establece además que ese porcentaje del 10% puede escalar al 70% si el inmueble en cuestión estuviese bajo la órbita del Ministerio de Defensa.
Aunque la intención original del gobierno era privatizar más de 40 empresas, hasta el momento solo lo ha hecho con IMPSA, una compañía dedicada a producir turbinas que había sido estatizada en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023).
El gobierno ha anunciado que inició el proceso de privatización de una línea de ferrocarril, empresas energéticas, la Casa de la Moneda, la empresa estatal de aguas más grande del país y una compañía de carga de equipajes en aeropuertos…
Las privatizaciones, estimadas en 2.000 millones de dólares por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la venta o alquiler de inmuebles, son una más de las muestras de acercamiento que el Ejecutivo intenta con las Fuerzas Armadas a cargo del general Carlos Alberto Presti, primer militar en liderar esa cartera desde la dictadura.
