Aunque se asegura la atención en emergencias, la medida introduce un filtro económico que redefine el carácter del sistema público de derecho social a servicio condicionado, la medida nacional se hace efectiva desde este miércoles 11 de agosto por resolución del Ministerio de Salud de la Nación, y fija el procedimiento para cobrar la atención médica habitual a extranjeros sin residencia permanente.
El antecedente más inmediato está en Salta, donde en 2024 el gobernador Gustavo Sáenz estableció por decreto el cobro a pacientes extranjeros en situación transitoria o precaria. En aquel momento el argumento oficial fue la necesidad de proteger la sustentabilidad del sistema frente a la presión migratoria y la crisis económica.
Esta restricción pionera a nivel Nacional, no estuvo exenta de un intenso debate en lo que se refiere a si se trata de un acto de justicia administrativa o de un retroceso en la tradición humanista argentina. Dos años despues, la extensión de la polémica se traslada a la política a nivel nacional. El Estado se corre de la idea de salud como derecho universal y se acerca a un modelo de mercado.
Nada de conciencia histórica y odio al Estado
Frente a una cruel política de ajuste; de salud y educación desfinanciada, este giro no es menor. Argentina históricamente se ha reconocido por su hospitalidad y por un sistema de salud pública que, con todas sus falencias, fue símbolo de inclusión y de prestigio regional. Negar, restrigir o condicionar el acceso a quienes cruzan la frontera es, para muchos, un gesto más de exclusión y de escasa conciencia histórica.
Argentina es un país que supo recibir inmigrantes y que construyó su identidad sobre la mezcla de pueblos ahora levanta barreras en nombre de la eficiencia. Hoy el discurso oficial habla de “racionalizar recursos” y “garantizar la atención a los residentes permanentes”.
Pero detrás de esa lógica administrativa late la concepción más dura, que la salud deja de ser un derecho humano y se convierte en un privilegio sujeto a papeles y seguros.
En un contexto global con el giro de gobernantes volcados a la lógica del libre mercado más salvaje o regido por la xenofobia y el repliegue de los Estados, la medida argentina se inscribe en un mundo cada vez más inhumano, donde la solidaridad se reduce a un eslogan y una historia se deja a un costado.
Este viraje no es solo la narración de una resolución nacional o de un decreto provincial. Es la constatación de que la batalla cultural recrudece en una Argentina que en el mundo que pasó de enorgullecerse de su sistema público abierto, a una Argentina de puertas restringidas o cerradas.
Y en esta transición, lo que se pierde no es solo un servicio, sino una parte de nuestra identidad nacional.
