La Asociación de Periodistas de Salta (APES) expresa su preocupación por la sucesión de agresiones verbales y físicas que se han sucedido en los últimos días en el norte provincial.
El último hecho ocurrió el miércoles pasado (25 de marzo) en Tartagal, donde el locutor Reynaldo González, quien conduce programas de radio y televisión, fue golpeado por un empresario bailantero que le reprochó supuestos comentarios sobre el Club Independiente de aquella ciudad.
González contó que la agresión ocurrió en San Martín y Rivadavia, donde se instala el móvil del programa “La mañana del aire”, que se transmite por el canal de cable local y por el canal abierto 8 de Tartagal.
El locutor recibió una trompada de parte de José Arce, quien intentó seguir golpeándolo pero fue eludido por González, quien presentó una denuncia policial.
González dijo creer que la agresión tiene que ver con el tema tratado el
mismo miércoles en su programa de radio “El despertador humano”, que se transmite por FM Sol del Norte, en el que se habló de la intervención al Club Independiente, en cuyas instalaciones funciona una bailanta que sería administrada por Arce. “Yo deduzco que sería por eso, aunque todavía no entiendo por qué. Porque no toqué para nada el tema de la bailanta”, sostuvo González.
Este hecho viene a sumarse al maltrato que recibió, el pasado 19 de marzo, la directora del portal de noticias Norte del Bermejo, Martha Juárez, de parte del intendente de Tartagal, Sergio Leavy.
Según relató Juarez, le pidió al jefe comunal que apoyara con una pauta
institucional una publicación gráfica referida al alud que sufrió esa
localidad el pasado 9 de febrero. Leavy le negó esta publicidad, le
recriminó las publicaciones en el portal y terminó advirtiéndole: “Te voy a
quitar todo”.
A fines de febrero pasado el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, acusó al periodista Samuel Huerga, corresponsal de Nuevo Diario en aquella localidad, de incitar a vecinas para que lo agredieran.
APES hace un llamado a la reflexión a la ciudadanía en general, y a los
funcionarios públicos en particular, para que sepan respetar el derecho
humano de ejercer la libertad de expresión y la crítica pública, y que no
pretendan silenciarla a través de las agresiones físicas o el
amedrentamiento verbal.
Elena Corvalán
Presidenta
Andrés Gauffín
Secretario
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