Según los informes, la víctima fue detenido por la Policía de Salta en un operativo durante la década de 1970, en el contexto de una represión sistemática a opositores al régimen militar. Durante su detención, alegó haber sufrido torturas físicas y psicológicas, así como condiciones inhumanas de encarcelamiento. A raíz de estos hechos, en 2016, el juez instructor procesó a Guil, quien desde entonces ha mantenido su inocencia.
Sin embargo, en 2025, un juez de instrucción decidió sobreseerlo, argumentando que no existían pruebas suficientes para mantener la acusación. Esta decisión fue impugnada por el fiscal general Carlos Martín Amad, quien sostuvo que el fallo era prematuro y no contaba con una fundamentación adecuada. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el sobreseimiento en febrero de este año, generando una nueva ola de críticas y llamados a la justicia.
El fiscal general Eduardo José Villalba intervino en el caso subrayando que la Cámara de Apelaciones cometió errores significativos en la interpretación de la ley y el tratamiento de la prueba presentada. Villalba argumentó que la decisión de sobreseer a Guil no sólo era prematura, sino que también debía considerar el creciente cuerpo de evidencias que apuntaba a la responsabilidad del exjefe policial en delitos de lesa humanidad.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para revisar el caso, donde se presentó la discusión sobre la valoración de las pruebas. Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma coincidieron en que el cierre del caso había sido apresurado y que faltaba una evaluación exhaustiva de las evidencias presentadas por el MPF. Además, enfatizaron que la Cámara de Apelaciones había sobrepasado sus competencias al modificar los términos de la acusación.
La jueza Ledesma coincidió con esos argumentos y consideró que, a partir de los elementos probatorios sobre los que la acusación había construido su hipótesis de investigación, correspondía permitir al Ministerio Público Fiscal ejercer plenamente su función y “profundizar la investigación” de acuerdo con su teoría del caso.
En consecuencia, los jueces resolvieron hacer lugar al recurso de casación presentado por el MPF, anular la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y apartar a los tres magistrados que habían intervenido en esa decisión para que no continúen actuando en el incidente.
Esta decisión permite al Ministerio Público Fiscal retomar la investigación, resaltando así el compromiso del sistema judicial en la lucha contra la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos en Argentina. La causa continuará y está orientada a esclarecer los hechos ocurridos en un período histórico señaladamente oscuro para el país.
