El rechazo del amparo interpuesto por el Colegio de Abogados de Salta, persiguiendo la nulidad de la designación de Gustavo Adolfo Ferraris como ministro de la Corte de Justicia no ha sorprendido a nadie. La demora de más de once meses en el trámite de un juicio naturalmente expeditivo hacía presagiar el resultado que profundiza los niveles de incredulidad ciudadana.
El sistema republicano ha sufrido otro golpe brutal. El Gobernador había pedido la confirmación del polémico abogado con su firma, lo que puede equipararse a una orden de sólo considerar el estado de una Justicia que profundiza sus niveles de dependencia respecto del poder político y en la que gravita sigilosamente el padre del mandatario.
La acción, que contó con la adhesión de una centena de letrados del foro salteño, atacó transversalmente al Senado Provincial que aprobó su pliego en menos de doce horas y violó el principio de publicidad de la postulación; al Gobernador que lo propuso y luego firmó el decreto de designación –Juan Carlos Romero– y a los ministros de la Corte que le habían tomado juramento. El planteo quimérico se ha encontrado con su destino estéril aunque vale la pena reconocer el esfuerzo y la hidalguía de quienes eligen perder a consentir semejante asalto institucional.
Ferraris, una semana antes de ser propuesto, obtuvo el sobreseimiento en la causa penal en la que se lo acusaba de excesos durante el inédito desalojo que ejecutaron más de 700 efectivos policiales en el asentamiento denominado San Expedito y en la que había sido indagado.
La fiscal que tenía encomendado en ese caso el reproche del Estado por la comisión de un delito se durmió el día que debía interponer la apelación e ingresó el escrito siete minutos después. Acaso podemos creer en sobreactuaciones de este tipo? No se conoce que exista una actuación disciplinaria tendiente a sancionar la negligencia, aunque puede presumirse -a estas alturas- que al Procurador General no le interesa investigar una omisión que a la postre contribuye a los argumentos desestimatorios.
El antecedente ayuda a comprender que la secuencia que culmina en un fallo
ritualista está plagada de episodios bastardos que contribuyeron a maquillar una designación bochornosa. Son tan criticables los seis magistrados que firmaron la sentencia en tiempo casi record –dos días para la complejidad del cuestionamiento- como la fiscal cuyo percance parece más cercano a la complicidad que a la desidia o los camaristas que inventaron un sinnúmero de excusas para evitar la integración de un tribunal superior con voluntad predispuesta. Algunos de ellos habían bajado una mañana al hall de la Ciudad Judicial para manifestarse con unos minutos de silencio ante lo que consideraban una ataque directo al principio de acceso por idoneidad y
un “per saltum” inadmisible en la carrera judicial.
Para esta Corte no interesa que Ferraris carezca de antecedentes académicos siquiera moderados. Tampoco que contara con una sanción por deshonestidad en un examen que le valió una suspensión de seis meses en la Universidad Católica de Salta. Mucho menos, que algún medio periodístico pusiera al descubierto el uso impropio de una camioneta 4 x 4 de dudoso origen. La sanción que le impusiera el Tribunal de Ética y Disciplina por abusar en el cobro de honorarios como patrocinante de un discapacitado ya ni siquiera merece ingresar a la balanza del demérito.
Este tribunal pasó de superior a inferior y prefirió descargar las culpas en la
Cámara Alta y por ello pregona que esta cuestión es política y no justiciable.
Presume que los senadores son honestos y que éstos no pueden ser cuestionados aún cuando le den acuerdo a bendecidos sospechados o delincuentes. El Procurador General no se ha quedado atrás a la hora de impostar lo virtual por sobre lo real y sostiene sin pudor que los amparistas no han acreditado que se hubiera impedido a los ciudadanos ejercer impugnación en las escasas horas que duró el proceso de selección.
Ni en este mundo de sofisticación comunicativa puede llegar a presumirse que en cuestión de horas los salteños hubieran contado con tiempo para formular las objeciones y presentarlas por escrito en una mesa de entradas reticente. Por el contrario, el vértigo fue el ingrediente que anuló las quejas en un debate simulado que contó con la oposición de los radicales y los renovadores y la justificación de la decisión con un escueto currículum que leyó Fernando Yarade.
La institución abogadil también ha sufrido el embate de la sinrazón. El Procurador General Pablo López Viñals ha puesto el acento en un hecho curioso. Sostuvo que el colegio incursionaba por la contradicción al sostener que Ferraris no cumplía con los diez años de ejercicio –ante la incompatibilidad con el cargo de Secretario de Seguridad- cuando el ex presidente Daniel Tort firmó un dictamen unipersonal y casi privado por el cual lo autorizó a ejercer la profesión. El escrito existe y pocas explicaciones dio el firmante sobre la emisión de una opinión por fuera del Consejo Directivo y contrastante con las prohibiciones que surgen de la Ley de Ministerios.
Algunos de los firmantes mudaron sus discursos casi con impudicia. El 27 de
Noviembre de 2.007 Abel Cornejo dio a entender en una emisora radial del periodista Martín Grande que estas designaciones dejaban mucho que desear. Ya como nuevo integrante de la Corte de Justicia intentó evadir el compromiso invocando violencia moral para tratar este tema por el sólo hecho de que se encontraba a diario con Ferraris en los herméticos pasillos de la Corte. Cuando rechazaron sus motivos no tuvo escrúpulos en contradecirse y firmar la sentencia desestimatoria.
Otro de los camaristas ad hoc -que ha excedido con creces la edad jubilatoria- propagó con virilidad simulada que lo actuado por los tres poderes era inconstitucional. En poco tiempo se decidió a participar del tribunal y la
conveniencia lo condujo a la promiscuidad de criterios.
No pueden albergarse dudas de que el ingreso de Ferraris a la cúspide del Poder Judicial es la decisión gubernamental que ha generado más repudio, aún cuando a la queja se le haya opuesto el acuerdo político más sólido.
Tampoco que su preservación tiene por ahora consecuencias insondables. Por su escaso margen de autonomía está obligado a integrar la mayoría complaciente de la familia Urtubey.
