«Mientras insultan, se ve un entramado de corrupción con la discapacidad. No solo es un tema de moralidad, sino de profundo cinismo», reclamó Lousteau en el recinto de la Cámara de Diputados, donde desde el sector Libertario nadie habló ni se hizo cargo del estallido de un nuevo escándalo de corrupción en el gobierno de Javier Milei y que involucra a los Menem y a su propia hermana Karina como la receptora de las coimas que pagaban laboratorios a la Agencia de Discapacidad.
«Mientas las familias tienen temores, sufren angustias, tienen tensiones, lo que ven es que el área de discapacidad había negocios. No se me ocurre nada tan violento como eso y cínico. La verdad que si uno fuera el Vocero Presidencial (Manuel Adorni) diría fin, creo que no es el fin, van a salir más cosas», concluyó el diputado.
El audio que incrimina a Karina y Javier
“CORRUPTA”
— Tendencias ARG (@porqtendenciaa) August 20, 2025
Por estos audios filtrados de Diego Spagnuolo, funcionario de confianza de Javier Milei, donde cuenta que Karina se lleva las coimas de los laboratorios. pic.twitter.com/blT0y2W2IS
En la misma sesión el diputado nacional Esteban Paulón (Socialismo-Encuentro Federal) también se refirió al caso de los audios sobre coimas en las cuales se habla de 800 mil dólares por mes, en el seno de la Agencia Nacional para la Discapacidad (ANDIS). El delito es grave porque involucra en las coimas a las principales figuras del Gobierno y muestra un alto nivel de impunidad.
“Sus proporciones son enormes y pedimos que asistan al Congreso para dar explicaciones (el titular de la ANDIS) Diego Spagnuolo y (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei para explicar qué pasó, porque en esta denuncia se implica Javier Milei, quien por los audios tenía conocimiento que esto pasaba», insistió el lesgislador.
Además, cuestionó la reacción del Gobierno ante la difusión pública de los audios que revelan los hechos de corrupción, que fue la de “echar a la persona que lo denunció” y que “obviamente tendrá implicancias, porque al ser funcionario público, Spagnuolo lo debió haber denunciado esto en la Justicia”, aseveró.
El legislador ironizó al señalar que el caso de la ANDIS es “la única paritaria que le ganaba a la inflación, porque había coimas que eran del 3% de los contratos y pasaron primero al 5% y después al 8%, en dólares”.
Silencio de los involucrados en coimas
Desde la cúpula del Gobierno no desmintieron hasta la fecha en ningún momento el rigor o la veracidad de los audios que trascendieron con lujo de detalles sobre como era la mecánica para recibir coimas, y rápidamente se viralizaron por las redes sociales.
En la filtración de audios se escucha a Diego Spagnuolo dar detalles de una dinámica de coimas a los laboratorios para garantizar contratos con el Estado terminaron por eyectarlo ante la incapacidad del presidente Milei de dar una respuesta comprensible sobre esos audios.
Este jueves, nueve minutos pasada la medianoche, la cuenta de X que tiene la Vocería Presidencial dio cuenta de la renuncia de Spagnuolo al frente de la ANDIS, aunque no dijo una palabra sobre las acusaciones del ahora ex funcionario sobre Lule Menem, Karina Milei y el propio Presidente.
La denuncia en la Justicia
El abogado Gregorio Dalbon denunció este hecho penalmente al presidente Javier Milei y a su secretaria general, Karina Milei, por el “cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa de fondos públicos”.
Dalbon destacó que ANDIS es “la columna vertebral de la política de discapacidad” y que “el desvío de fondos en este ámbito impacta en la población más frágil de la sociedad”. Encuadra los hechos en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública.
Pide los allanamientos de la ANDIS, la Secretaría General de Presidencia y las oficinas de la droguería vinculada. Reclamó el secuestro de los teléfonos celulares de Spagnuolo, el requerimiento a la Unidad de Información Financiera para que analice los movimientos bancarios de la droguería, y a la Inspección General de Justicia para que informe su composición societaria y autoridades.
