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Colombia duele

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La violencia que sigue instalada en Colombia desde hace décadas y la continuidad de los asesinatos de líderes sociales, sindicales y ex combatientes de la guerrilla luego y a pesar de los acuerdos de paz firmados, violentan toda conciencia democrática y de justicia.


En lo que a mi respecta, me duelen particularmente; ya que a algunas y algunos de ellos los pude conocer en instancias de encuentros internacionales en las últimas décadas.

La realidad colombiana vuelve a estar en las noticias a raíz del anuncio hace pocos días de Iván Márquez y algunos otros dirigentes de las FARC (Jesús Santrich y Hernán Darío Velázquez) de que, ante los incumplimientos por parte del gobierno de muchos aspectos de los acuerdos de paz y los reiterados asesinatos, retomaban la lucha armada (defensiva) nuevamente como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP).

Por otro lado, Rodrigo Londoño continúa presidiendo el partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) creado en agosto del año 2017, luego de la firma de los acuerdos de paz en 2016, que rechazó enfáticamente la decisión hecha pública por Iván Márquez y reafirmó la apuesta por la paz y el cumplimiento de los compromisos emergentes del Acuerdo de Paz firmado.

El contexto histórico, formas y contenidos

Colombia es el país en nuestro continente con mayor continuidad democrática en el plano institucional con partidos políticos muy antiguos, como el Liberal (1848) y el Conservador (1849). Sólo tenemos partidos de similar antigüedad en Estados Unidos: Demócrata (1824) y Republicano (1854) y Uruguay (Colorado y Nacional ambos en 1836).

Sin embargo, desde hace muchas décadas esa “continuidad democrática pactada” de carácter formal, convive con una realidad social con un contenido de violencia inusitado.

Un caso emblemático fue sin duda el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán; parlamentario que encabezó el ala de izquierda del Partido Liberal, siendo candidato presidencial en las elecciones de 1946 y seguramente próximo ganador de las siguientes elecciones en 1950.

El 9 de abril de 1948 es asesinado (un plan orquestado por la CIA). La respuesta fue el alzamiento popular llamado el “bogotazo” y de ahí en más se abre un capítulo histórico denominado “la violencia” en el cual en una década se estima que murieron entre 200.000 y 300.000 personas y emigraron más de 2 millones de personas (casi la quinta parte de la población de esa época).

En el ámbito rural imperaba la violencia de los terratenientes contra los campesinos, con el consiguiente desplazamiento forzoso y la usurpación de sus tierras.

Como respuesta a esta situación surgen a lo largo de los años distintas organizaciones de autodefensa campesina de diversos signos políticos; desde liberales hasta comunistas.

Por ende, el establecimiento de muchas zonas rurales liberadas, como la Marquetalia de Manuel Marulanda, “Tirofijo” o el nacimiento de las propias FARC en 1966, no es fruto de una casualidad, sino que por el contrario es una consecuencia histórica de todo este largo proceso de violencia.

Los acuerdos de paz; un largo proceso

Por los motivos arriba esbozados, el proceso de conversaciones fue largo y complejo.
Se inició con una ronda de diálogos entre la delegación del gobierno presidida por Juan Manuel Santos y la delegación de las FARC-EP que se dio en llamar Encuentro Exploratorio y tuvo lugar en La Habana entre el 23 de febrero y 26 de agosto de 2012.

Ese día se firmó un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ante delegados de la República de Cuba y el Reino de Noruega que de ahí en más se constituyeron en garantes del proceso.

La agenda pautada en este Acuerdo General indicaba la constitución de una Mesa de Conversaciones. La misma comenzó a sesionar en Oslo el 18 de octubre de 2012, para luego pasar a funcionar en La Habana durante cuatro años. En ese lapso se fueron abordando todos los puntos de la agenda de negociaciones para así llegar a la firma del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” el día 24 de agosto de 2016.

Se estableció que este Acuerdo debía ser sometido a ratificación mediante plebiscito, previsto para el 2 de octubre siguiente. El triunfo del no a su ratificación obligó a renegociar y volver a redactar algunos de sus artículos. Finalmente, el 24 de noviembre se procedió a la firma de las modificaciones realizadas. Y entre el 29 y 30 de noviembre fue aprobado el Acuerdo definitivo por la Cámara de Senadores y de Diputados.

A partir del 1º de diciembre de 2016 dio comienzo el proceso de desmovilización y entrega de las armas a la ONU que finalizó el 26 de setiembre de 2017 cuando la Primera Misión de Verificación de ONU culminó sus actividades. De esta forma se estaba en condiciones de iniciar la reincorporación social, económica y política a la vida civil por parte de los ex combatientes.

El cumplimiento de los Acuerdos

En agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz emitió el primer informe al Congreso. Es un extenso documento de 344 páginas en el cual se aborda y analiza el estado de situación de seis puntos:

1) Reforma rural integral.
2) Participación política.
3) Fin del conflicto.
4) Solución al problema de drogas ilícitas.
5) Sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición.
6) Implementación, verificación y refrendación.

Se puede afirmar que en general los resultados obtenidos en los puntos mencionados han sido claramente insatisfactorios; sea por motivos de insuficientes recursos presupuestales dotados por el gobierno para la implementación de las medidas, la ausencia de informes periódicos de la implementación física y financiera de los términos del Acuerdo que diera por resultado hojas de ruta claramente definidas, la ausencia de indicadores en el PMI (Plan Marco de Implementación) o la descoordinación entre distintas instancias institucionales del Estado.

Sólo a modo de ejemplo en la reforma rural existe una gran lentitud en el otorgamiento de tierras a los solicitantes.

En la participación política los partidos de oposición consultados denunciaron amenazas a sus miembros. No se dieron espacios adicionales en medios de comunicación por parte del Consejo Nacional Electoral según lo acordado. Es uno de los puntos que presenta mayor retraso en su ejecución.

Por su parte el partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) tuvo una baja votación en las elecciones parlamentarias de 2018 (52.092 votos para la Cámara de Senadores y 32.636 para la Cámara de Representantes) que de por sí no le otorgaba ninguna banca. Sin embargo, por lo establecido en el Acuerdo de Paz, le correspondieron 5 bancas en cada Cámara.

Desde la firma del acuerdo a la fecha del informe, 134 ex integrantes de las FARC fueron asesinados. El 70% de esos asesinatos se perpetraron en territorios en donde se implementan programas para la seguridad producto de los Acuerdos de Paz.
En lo que respecta al encare del problema de las drogas ilícitas, se fracasó en la política de disminución de áreas de cultivo y de apoyo a las familias que decidieron abandonar esos cultivos.

En conclusión, los resultados hasta ahora en la implementación concreta de las disposiciones del Acuerdo de Paz son totalmente insuficientes. La violencia paramilitar continúa y sigue impune.

Una dolorosa escisión

El 29 de agosto, Iván Márquez – quien fuera jefe de la delegación de las FARC – EP durante el proceso de negociaciones para el Proceso de Paz, Senador designado en la cuota de 5 que le correspondía al Partido FARC, con paradero desconocido desde hacía un año, aparece en un video anunciando que junto a un grupo de dirigentes (Jesús Santrich, Romaña, el Paisa entre otros) y ante los incumplimientos del gobierno de los compromisos del Acuerdo de Paz decidieron retomar las armas (esta vez en una lucha defensiva) como FARC-EP.

El mismo día el Consejo Político Nacional del Partido FARC emitió un comunicado por el cual rechaza la decisión de esos exdirigentes, manifestando que “proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante” y que “los firmantes de la alocución rompieron públicamente con nuestro partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos.”

Afirman que “es cierto que el cumplimiento de los Acuerdos por parte del Estado marcha a paso paquidérmico, y que los reincorporados hemos pasado por serias dificultades en distintos sentidos. Nadie niega que existan importantes sectores e intereses que trabajan incesantemente contra lo pactado. Pero los revolucionarios enfrentamos la adversidad con optimismo, valoramos altamente la palabra empeñada y no renunciamos a nuestros objetivos por duro que sea el camino.”

Tal como lo señalamos en el capítulo anterior, del propio detallado informe de la Procuraduría General de la Nación Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz surge de manera inequívoca y por diversos motivos explicitados en él, la lentitud en el cumplimiento de los planes emergentes del Acuerdo.

Si bien podría entenderse que ante este panorama de incumplimientos un grupo de ex dirigentes guerrilleros, agotada su paciencia, hayan entendido que no hay más alternativa que volver a las armas, la gravedad del tema en cuestión y sus posibles consecuencias ameritan un análisis sereno y detenido.

Lo primero a considerar es que es un diferendo doloroso entre compañeros; militantes revolucionarios honestos y convencidos en sus posturas.

Muchos medios de la derecha no tardarán en catalogar de una forma aparentemente simplista (pero maquiavélica en el fondo) este diferendo como “entre malos y buenos”.

Consideramos que la actitud de volver a empuñar las armas puede entenderse, pero no justificarse, por varias razones.

Luego de décadas de enfrentamiento armado tanto el gobierno colombiano como las FARC-EP llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos podía llegar a triunfar por la vía militar; lo que evidenció la necesidad de iniciar un diálogo conducente a un proceso de abordaje de una agenda temática hacia un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades y abriera las perspectivas de paz con reinserción social y política.

Cabe preguntarse entonces, ¿a quién beneficia políticamente esta decisión de volver a las armas?

Sin duda alguna al presidente Iván Duque y a toda la oligarquía colombiana.

Duque es un títere de Álvaro Uribe Vélez quien con el apoyo de Estados Unidos mueve los hilos de su política guerrerista y de apoyo a los paramilitares con objetivos muy claros:

•Que Colombia sea, encabezando el Grupo de Lima, el contrapeso de derecha funcional al imperialismo de todo gobierno progresista en el continente. Una suerte de Israel en América del Sur.

•Ser la plataforma de lanzamiento de una provocación armada contra Venezuela, posiblemente en la zona fronteriza. Duque ya está preparando el terreno cuando no perdió tiempo en acusar al presidente Nicolás Maduro de encubrir al grupo guerrilleros de Iván Márquez. No sería de extrañar que mediante el expediente de “falsos positivos” – método que tanto conocen y aplican los servicios colombianos – les dé el pretexto para ingresar en territorio venezolano.

Para ello posiblemente cuenten y contarán con el silencio cómplice de la OEA y en particular de su Secretario General Luis Almagro.

El deber de defender la paz

Será tarea de los países democráticos y progresistas plantear en los organismos internacionales la necesidad de que el gobierno colombiano acelere y garantice el cumplimiento de las tareas previstas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y ofrecer los buenos oficios de acompañamiento de la comunidad internacional para ello.

Ahora bien; hay una tarea que es materia privativa del pueblo colombiano: la paciente construcción de la unidad.

Por un lado, la unidad del movimiento social, del movimiento sindical.

Pero además trabajar duro en pos de un acuerdo de unidad de todos los partidos de izquierda y progresistas en base a un programa mínimo de consensos políticos contra el neoliberalismo, por la justicia social, una política exterior soberana y en defensa del proceso de paz.

Es la hora de que las fuerzas políticas se den la oportunidad de debatir fraternalmente sobre lo que los une a corto y mediano plazo en aras de poder caminar juntos.

Y por una vez hacer el ejercicio de dejar de lado por un momento las eternas discusiones sobre diferencias filosóficas de corte finalista a las que la izquierda lamentablemente ha sido y es tan afín en todo tiempo y lugar.

Sólo así podrán acumular fuerzas y afrontar juntos próximas instancias electorales con posibilidades de lograr el triunfo que el pueblo colombiano espera y merece.

Carlos Flanagan
carlos.flanagan@gmail.com

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