La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el 27 de mayo las condenas a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray por la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 presos políticos cometida el 6 de julio de 1976 a unos 50 kilómetros de la ciudad de Salta.
La condena en primera instancia fue dictada en diciembre de 2011 por el juez federal Nº 1 de la ciudad de Salta, Julio Leonardo Bavio. El juez condenó a reclusión perpetua a Menéndez y a Guil, tras declararlos coautores mediatos de 11 homicidios doblemente agravados, por alevosía y por haberse concretado con la participación premeditada de dos o más personas.
A Alzugaray le impuso una pena de 20 años de prisión, como partícipe secundario de los once homicidios agravados. Los represores apelaron argumentando que la resolución del juez de primera instancia era nula porque carecía de motivación, la imputación era imprecisa, adolecía de fundamentación probatoria y violaba el principio que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Pero el tribunal de la Cámara desestimó estos planteos. Sostuvo que la decisión de Bavio fue producto “de razonamientos armónicos que permitieron arribar a conclusiones que guardan correlación entre sí”.
“No se advierte vicio alguno que habilite la sanción de nulidad invocada (…), resultando la sentencia suficientemente motivada”, añadió. La Cámara también sostuvo que la acusación es clara y que no se trata de una cosa juzgada.
Igual que el juez de primera instancia, el tribunal, integrado por los jueces subrogantes Carlos Jiménez Montilla, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Ernesto Clemente Wayar, consideró probado que el 6 de julio de 1976, entre las 20 y 20.30, fueron sacados del penal de Villa Las Rosas los detenidos Benjamín Leonardo Ávila, Celia Leonard de Ávila, Georgina Droz, María Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Luis Oglietti, Pablo Outes, José Víctor Povolo, Alberto Savransky, Rodolfo Usinger y María Luque de Usinger. Todos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia Federal.
El tribunal también consideró probado que los detenidos fueron trasladados a las cercanías del paraje Palomitas, donde fueron fusilados. Para llevar a cabo este crimen, además de la participación de miembros del Ejército para retirar a los detenidos de la cárcel, integrantes de la Policía de Salta secuestraron dos vehículos, cerca de Cobos, un Torino y una camioneta Ford F-100 que, junto a un Chevrolet secuestrado cerca de Güemes, fueron después usados para simular un intento de fuga.
En el mismo orden, el tribunal sostuvo “la mendacidad” de la versión oficial, que trató de mostrar la matanza como el resultado de enfrentamientos ocurridos en Salta, Tucumán y Jujuy, luego de que sacaran a los detenidos para trasladarlos a Córdoba. “Se encuentra probada la puesta en escena del traslado administrativo y los posteriores enfrentamientos con elementos subversivos”, afirmó.
La ex presa política Nora Leonard celebró esta decisión pero insistió en el reclamo de que los represores cumplan sentencia en cárcel común. Todos los condenados por delitos de lesa humanidad en Salta tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Nora es hermana de Celia Leonard y cuñada de Benjamín Ávila.
