Alejandro Lipcovich de ATE planteó que Milei busca «aniquilar todo vestigio de responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud y que la institución «está llegando a un nivel de colapso».
Son los trabajadores que denuncian un vaciamiento del Estado Nacional del hospital de niños que fue un orgullo argentino y tenía previsto un paro para el jueves, pero la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.
El Garrahan es el principal hospital pediátrico del país y una referencia en Latinoamérica. Sin embargo, más de 100 profesionales renunciaron a sus cargos por los bajos salarios, que el ministro de Salud, Mario Lugones, mantiene congelados.
Un residente que trabaja 70 horas semanales cobra 700 mil pesos y un enfermero con diez años de antigüedad, recibe cerca de 900 mil pesos. Por debajo de la línea de la pobreza para una familia tipo.
Lipcovich, trabajador del hospital y miembro de la junta de ATE, en el último año y medio más de cien profesionales renunciaron a sus cargos. El gobierno otorgó hasta ahora aumentos que rondan el 1% mensual, muy por debajo de la inflación.
No solo se trata de médicos: siete farmacéuticos dejaron el hospital y la farmacia debió restringir su horario de funcionamiento.
«Con esta cantidad de personal hubo que reducir la atención a la mitad», denunció Lipcovich. Lo mismo ocurre con todas las especialidades pediátricas que atiende el Garrahan y que debieron achicar su agenda de turnos.
«La intención del gobierno es explícita. Buscan reducir al mínimo toda la responsabilidad del Estado en la salud pública, el ministro Mario Lugones fue muy claro», agregó Lipcovich.
El abandono es tan evidente que Lilita Carrió abandonó su silencio para denunciarlo, sólo que en lugar de apuntar a Lugones, prefirió centrarse en su par de Economía. «Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral, seguimos denunciando», posteó en X.
El delegado tiene un punto. La crisis del Garrahan se suma a otros hospitales que Nación está desfinanciando. El hospital de salud mental Laura Bonaparte está en una situación crítica. En enero el gobierno despidió a 200 trabajadores, dejando a «cientos de niños sin su tratamiento». Lugones anunció que no se contratarán nuevos profesionales, lo que deja al Ministerio en situación de incumplimiento de la ley de salud mental.
El mismo abandono sufre el hospital universitario Clínicas, cuyos médicos arrastran una pérdida salarial del 40% y empezaron a pasarse al sector privado.
