Los policías retirados Antonio Saravia y Néstor Liendro quedaron detenidos en la jornada del 30 de junio, alojados en dependencias de la Policía Federal, por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, que hizo lugar a un pedido del fiscal federal Horacio Azzolín, quien los acusó por falso testimonio. Los dos oficiales retirados tuvieron participación en las acciones que llevó a cabo la Policía inmediatamente después del secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976.
Ambos fueron citados como testigos en el juicio oral y público que se sigue por este hecho, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Marttínez de Leal. Si bien ambos insistieron en que desean colaborar con la justicia, y brindaron alguna información, el fiscal consideró que estaban ocultando la verdad, basándose en las muchas contradicciones en las que incurrieron. Estos dos policías se sumaron al comisario retirado Santiago Pedroza, quien fue detenido a principios de junio, logró la excarcelación días después y espera ahora ser indagado acusado por falso testimonio.
La audiencia del 30 de junio duró casi todo el día. Declararon seis testigos, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el ex senador nacional Horacio Bravo Herrera y el periodista Luis César Andolfi.
En marzo de 1976 Saravia estaba a cargo del Departamento de Informaciones Policiales (que antes se llamaba División de Contralor General), que tuvo intervención en el sumario iniciado ni bien se cometió el secuestro. Pero el ex jefe afirmó ayer que su Departamento no realizaba sumarios, y que “no tuvo participación en la lucha antisubversiva”. Sus afirmaciones fueron rápidamente desmentidas cuando el fiscal las contrastó con el expediente, en el que consta que el propio Saravia había firmado un radiograma enviado a las dependencias policiales de la provincia, además de otros trámites llevados a cabo.
“Más allá de que es el primer testigo policía que reconoce la existencia del D2 (el Departamento de Informaciones Policiales, que hacía tareas de inteligencia), tiene contradicciones con las constancias del expediente. (…) Evidentemente, con su declaración lo que está haciendo es ocultar información”, sostuvo el fiscal al pedir su detención y encausamiento por falso testimonio. Dijo que el policía intentó “contentar al Tribunal” dando información sobre el D2.
Saravia fue uno de los veinte policías que en junio de 1973 fueron acusados de cometer vejámenes durante la dictadura de Lanusse. “Fue una imputación política del gobierno del doctor (Héctor) Cámpora”, sostuvo ayer el policía y aseguró que Ragone los hizo liberar. El abogado Martín Avila, querellante por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, le recordó que en realidad fue Ragone, cuando Rubén Fortuny era jefe de la Policía, quien los suspendió en sus funciones, el 12 de julio de 1973.
Además de Saravia, fueron acusados otros personajes emblemáticos por su presunta participación en tortura y persecución por razones políticas, entre ellos Roberto Marquieguez, Roberto Tacacho, Misael Sánchez, Sergio Amaya, Santiago Saiquita, Roberto Arredes, Abel Vicente Murúa, Héctor René Trovatto, Arturo Toranzos y Joaquín Guil, que está siendo juzgado ahora como partícipe del secuestro de Ragone y el homicidio de Santiago Arredes.
Para el caso de Liendro, que en 1976 era subcomisario y era el tercero en la línea de mando de la Comisaría Primera, que intervino en las primeras actuaciones por el secuestro del ex gobernador, el fiscal también entendió que no estaba siendo sincero, basándose en las contradicciones entre el testimonio de ayer y el que dio durante la instrucción (en 2005) y con las constancias del expediente. El fiscal advirtió que es sistemático que policías vengan al juicio a tratar de hacer creer que andaban “como caballos con anteojeras”, sin enterarse de nada. Señaló que los subalternos dicen que todo lo hicieron los comisarios, y éstos dicen no haber hecho nada. “No fue nadie o fueron todos”, reflexionó antes de pedir la detención de Liendro y su encausamiento por falso testimonio.
El último testigo de la jornada, Miguel Agüero, que era “cuñado, compadre y amigo” de Fortuny, también se refirió a los policías. Ex policía, en 1973 acompañó a su pariente en la gestión, fue nombrado secretario general de la Policía y tuvo participación en la investigación a los oficiales acusados por vejámenes. Contó que el policía Julio de Ugarriza, sindicado como el asesino de Arredes en el secuestro de Ragone, ya sobreseído, “era un experto en armas. Era campeón de tiro”.
Afines a la Triple A
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, sostuvo ayer que la Juventud Sindical Peronista (JSP), el Comando de Organización Peronista (COP) y la Concentración Nacional Universitaria (CNU) “eran grupos afines a la Triple A” y que en algunas zonas esta última organización incluso integraba la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
El funcionario nacional sostuvo que la organización de extrema derecha que conducía el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, dejó de actuar como tal en junio o julio de 1975 y que a partir de entonces sus miembros fueron incorporándose a los comandos del Ejército en la represión.
Duhalde fue convocado a declarar (por videoconferencia) en el juicio por la desaparición de Ragone. Dijo que tuvo trato “circunstancial” con el ex gobernador, al que describió como “un hombre de profunda sensibilidad social, un médico con un sentido de la solidaridad muy grande, y un peronista con una visión progresista”.
Asimismo, Duhalde se refirió al subcomisario Víctor Vilte, que en 2006 afirmó haber participado del secuestro del ex primer mandatario salteño. Dijo que el policía hizo un relato “pormenorizado, muy fluido” y que le impresionó como alguien “que había estado presente en el lugar” del hecho. Este testimonio se frustró porque no se aceptó el criterio de incluirlo como testigo protegido.
Denuncia contra Mosquera
El abogado David Leiva, querellante en la causa Ragone, denunció ayer ante la Fiscalia Federal Nº 2 de esta ciudad, al ex director técnico del Club Gimnasia y Tiro, Gustavo Francisco “Paco” Mosquera, como integrante de la Triple A.
El letrado pidió que se cite a declarar a Carlos Melián, quien anteayer afirmó en el juicio por Ragone que Mosquera era miembro de la Triple A. En la década del 70 Melián militaba en la JSP, una “organización de extrema derecha, en la que militaba en Salta Juan Manuel Ovalle, quien está imputado en la causa Nº 286/04, en la que se investiga, entre otros casos, la desaparición de Silvia Benjamina Aramayo” en la que se presentó prueba que “acredita que la Juventud Sindical Peronista convocaba a exterminar la subversión marxista”, afirmó el denunciante.
- Elena Corvalán
Periodista
