La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó ante la Oficina Judicial acusación formal contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa (socia gerente) como coautores del delito de peculado, previsto y reprimido por el artículo 261 del Código Penal.
Según la hipótesis fiscal, los acusados, aprovechando su condición de médicos del servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil y el acceso que tenían al equipamiento médico estatal, habrían sustraído bienes públicos que se encontraban bajo custodia del hospital para incorporarlos al circuito operativo de una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios y obtenían un beneficio económico.
En la misma presentación, UDEC solicitó el sobreseimiento de las otras dos personas Alberto Alemán, Marcelo Quirga, que habían sido imputadas en la causa, luego de concluir que no participaron del hecho investigado.
La intervención de la Fiscalía especializada en delitos económicos complejos se inició a partir de la denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil, luego de que una inspección del Ministerio de Salud Pública advirtiera la posible presencia de equipamiento perteneciente al nosocomio en el servicio de Neonatología de una clínica privada.
A partir de ello, la Fiscalía dispuso numerosas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa, la recepción de declaraciones testimoniales, inspecciones y registros, el secuestro y posterior restitución judicial de los equipos al hospital, además de diversos informes técnicos y periciales.
En ese marco, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF constató la presencia de seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los informados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix SRL, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858.
Entre los fundamentos de la acusación, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la conducta investigada habría afectado no sólo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento, al involucrar equipamiento destinado al Hospital Público Materno Infantil, además de vulnerar los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
