El drástico recorte fiscal se traduce en un Estado que abandona a su suerte a los argentinos mientras el Gobierno prioriza el pago de la deuda y el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia. La radiografía presupuestaria de la Argentina de Milei al primer semestre de 2026 muestra el esqueleto de su objetivo que es el vaciamiento del Estado.
El informe del Centro de Economía de la Argentina (CEPA) muestra que mientras hospitales nacionales, programas de becas, políticas alimentarias y planes de primera infancia se desmoronan con recortes que llegan al 100%, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementa su ejecución en un 17% y la deuda pública se lleva el 13% del gasto total.
El contraste es obsceno. Se traduce en menos salud, menos educación, menos protección social, más espionaje y más deuda. El gasto total de la Administración Pública Nacional cayó un 34% en términos reales respecto de 2023.
El Estado de Milei se achica a una velocidad sin precedentes y cambia para mal la vida cotidiana de millones de argentinos. Detrás de esta caída está el impacto que genera en los sectores que más lo necesitan.
Los números que salieron a la luz en este informe del CEPA son demoledores. La Superintendencia de Servicios de Salud se desploma un 64%, el Malbrán un 32%, la ANMAT un 42%. En Eeducación, los programas Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente desaparecen (-100%).
En Ciencia y Tecnología, el programa de Promoción de la Investigación se paraliza (-88%), el CONICET cae un 35%, la CONAE un 64%. En Desarrollo Social, la ANSES retrocede un 15%, el Plan Nacional de Protección Social se derrumba (-99%), los comedores comunitarios pierden dos tercios de su financiamiento.
Este drástico ajuste es un golpe directo a la salud pública, a la investigación científica, a la educación de los hijos de trabajadores, a la comida en la mesa de los sectores populares. También es la destrucción del tejido social en nombre de un orden fiscal que prioriza acreedores y aparatos de inteligencia por sobre derechos básicos.
Lo que revela también el informe es impiadoso para las provincias y los municipios. Prima la autodestrucción en los gobernadores que le votan todas las leyes perjudiciales para la población en el Congreso Macri-Mileista.
El recorte en provincias y municipio es casi absoluto. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires se elimina (-100%) y la asistencia técnica a municipios se reduce un 97%. La obra pública, motor histórico de empleo y desarrollo, se desploma entre -84% y -100% en infraestructura, pavimentación y puentes.
El mensaje del Gobierno del Milei ratifica lo que prometió: el Estado se retira de la vida de los argentinos. Y este ajuste impiadoso no es abstracto porque se traduce en hospitales sin insumos, científicos sin proyectos, docentes sin incentivos, chicos sin becas, barrios sin obras, comedores sin alimentos.
La pregunta detrás de cada cifra que devela un retroceso sería: ¿Qué país queda cuando el presupuesto se convierte en un arma de demolición contra la salud, la educación y la ciencia?
