Según el informe de Argendata, un sitio de datos sobre el país desarrollado por la organización Fundar y curado por el analista Daniel Schteingart, estos datos refieren solo a asalariados ya que el INDEC recién comenzó a recolectar y publicar información sobre informalidad en el segmento no asalariado a finales de 2024. Hasta ese momento, la principal fuente de información, la Encuesta de Hogares con cobertura ampliada, solo contemplaba los asalariados en su medición.
Distribución geográfica desigual
La diferencia regional se relaciona directamente con factores económicos, como el Producto Bruto Interno per cápita y la densidad empresarial, combinados con la estructura productiva y el poder adquisitivo de la población. Las provincias del Norte Grande presentan bajo nivel de desarrollo, escasez de sociedades registradas y concentración en actividades de alta informalidad, como el agro, lo que contribuye a la expansión de prácticas informales tanto en el empleo como en el consumo.
En contraste, la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires gozan de mayor formalización debido a la presencia de grandes empresas en sus economías y a una mayor especialización en servicios de calificación, especialmente los profesionales y financieros.
En el extremo opuesto, las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén) junto con la Ciudad de Buenos Aires muestran niveles por debajo del 30%, e incluso, en algunos casos como Tierra del Fuego y Santa Cruz, la informalidad asalariada cae por debajo del 20%.
La informalidad en todo el país
De las 8,8 millones de personas, la mayor parte, 5,5 millones, corresponden a asalariados, mientras que los 3,3 millones restantes son trabajadores no asalariados. En porcentaje, la informalidad alcanza al 42% de los ocupados y más del 60% de los trabajadores informales corresponde a asalariados a los que sus empleadores no les efectúan aportes a la seguridad social.
La informalidad laboral constituye uno de los mayores desafíos estructurales del mercado de trabajo argentino. Un caso típico es el de una empleada doméstica no registrada. Entre los trabajadores no asalariados, el ejemplo paradigmático es el de vendedores ambulantes, feriantes o albañiles que trabajan por cuenta propia pero no realizan aportes a través del monotributo.
El informe indica que el 36% de los asalariados desarrolla tareas en condición informal. Cuando se suman los trabajadores independientes, el porcentaje asciende al 42%, lo que equivale a casi 9 millones de personas en situación de empleo informal sobre un total de 21,1 millones de ocupados.
El informe resalta que la definición de informalidad se vincula a quienes trabajan sin contrato y quedan excluidos de derechos básicos como la seguridad social o el seguro de salud. Entre los asalariados, es habitual medir la informalidad verificando si los empleadores efectúan o no los aportes a la seguridad social. Para los independientes, la formalidad se determina si cuentan con sociedad registrada y/o realizan sus propios aportes previsionales, como a través del monotributo o régimen de autónomos.
El 36% de los asalariados y el 57% de los independientes desarrolla su actividad en la informalidad, aunque dentro de los trabajadores independientes existen dos realidades diferenciadas: entre los cuentapropistas, el 62% es informal, mientras que entre los patrones (dueños de empresas, usualmente pequeñas), la incidencia desciende a menos del 20%.
