El candidato a diputado provincial por la “Concertación Salteña UCR-MID” Carlos Humberto Saravia cuestionó al gobierno por la crisis judicial que provocó la problemática de la violencia familiar. Manifestó su profunda preocupación por la crisis que atraviesa el fuero de familia del Poder Judicial de Salta como consecuencia de la vigencia de la Ley de Violencia Familiar nº 7.403 y su extensión al fuero civil y comercial a instancias de lo dispuesto por la Acordada Nº 9749 de la Corte de Justicia de Salta.
“Es evidente que nos encontramos en presencia de la judicialización del conflicto social como consecuencia de la sanción de una ley que no ha previsto prudentemente las consecuencias de su aplicación y la escasa infraestructura que se ha dispuesto en relación a una temática álgida como la de la violencia familiar.
Intencionadamente se ha obviado la participación prioritaria de los Juzgados Correccionales ante la presencia de hechos que en la mayoría de los casos configuran delitos a fin de sostener un defectuoso proceso sumarísimo para casos de menor cuantía y las consecuencias están a la vista. La creación de otros dos juzgados de familia para ocuparse de la temática luce como insuficiente mientras no se invierta en la creación y sostenimiento de instituciones que pongan el acento en la prevención de los conflictos domésticos que muchas veces derivan en hechos fatales” sostiene Saravia.
Advirtió sobre el peligro inminente de que colapsen los juzgados civiles y comerciales a los que se les ha transferido la competencia que originariamente estaba prevista para los juzgados de familia, poniendo en peligro el adecuado servicio de administración de justicia en un fuero al que la ley había mantenido al margen de la temática.
“La Secretaría de la Niñez y la Familia carece de presupuesto e infraestructura suficiente para desarrollar tareas preventivas, lo que impone la crítica hacia un gobierno que utiliza esa dependencia para practicar asistencialismo y no para evitar los conflictos familiares. La descentralización hacia los municipios y los programas por los que se pregonaba la posibilidad de detectar los riesgos sociales han fracasado rotundamente considerando que ingresan cien denuncias de violencia familiar por día. Es hora de que el gobierno asuma las responsabilidades que le competen por no priorizar la salud social” culminó.
