Históricamente los bosques nativos del Chaco Salteño fueron un foco comercial entre los gobiernos de turno y los grandes empresarios. En una primera instancia fueron los cultivos de caña de azúcar a fines del siglo XIX y la del tabaco en la década del 40.
En la década del 70 mediante el modelo económico que vino a instaurar la dictadura cívico/militar fue el auge de los cultivos extensivos, primero del poroto, y a partir de la década del 90, la del maíz y la soja y que cobran mayor intensidad a partir de 2002.
Éstos ciclos del uso y apropiación de los territorios, fueron pieza angular en el reordenamiento de los poderes económico/políticos que se vieron beneficiados, en detrimento, principalmente, de la población campesina e indígena.
Son éstas comunidades las que actualmente continúan sufriendo en carne propia las consecuencias sociales, económicas y ambientales de éstos modelos de acumulación, y del desarrollo capitalista para el que sin dudas, se ha inclinado balanza de la justicia y las leyes, permitiendo la tala de más del 21 % del territorio de bosques nativos.
Éste feroz saqueo se volvió moneda corriente en nuestra región, que además concentra la mayor diversidad natural, cultural y étnica de la provincia y el país.
Los pueblos que la habitan necesitan hacer uso constante del territorio para garantizar su subsistencia, ya que además de ser la fuente de sus recursos materiales (alimentos – medicinas – agua o materia prima para sus artesanías, muchas veces la única fuente de ingreso que disponen, cuando el Estado no está presente) se constituye como el territorio necesario para su existencia como pueblo.
Entendemos que tanto las inundaciones acaecidas, los desplazamientos forzados, la destrucción de la biodiversidad del Chaco Salteño, y la situación de hambre y desnutrición que azotan incesantemente a nuestros hermanos, son inconfundibles consecuencias del desmonte permanente y la falta cada vez mayor de árboles nativos que posibiliten el curso normal de las vertientes fluviales, constituyendo una amenaza social y ambiental que pone en jaque a toda la región y profundizando un proceso de etnocidio silencioso todavía vigente.
Nos resulta clave resaltar el caso particular de Finca Cuchuy: Más de 8962 hectáreas que habitan históricamente comunidades wichí y que fueron vendidas a Alejandro Braun Peña, primo del actual Jefe de Gobierno nacional de Marcos Peña.
A pesar de que éstos territorios corresponden a una zona protegida de desmontes según lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el gobierno provincial de Juan M. Urtubey, autorizó mediante los decretos 2211/10 y 1136/11 a realizar re categorizaciones prediales, habilitando el avance de las topadoras sobre un total de 144.984 hectáreas, lo que equivale siete veces la ciudad de Buenos Aires.
En primera instancia en el año 2014, y a principios de este 2018, se logró evitar el avance del desmonte en Cuchuy. No obstante Peña, insiste en arrasar sobre el territorio, contando con el absoluto respaldado del gobierno provincial y nacional y amparado por decretos ilegales e ilegitimos que permiten que las provincias dicten sus propios “ordenamientos territoriales”.
El avance de las empresas en su disputa por el territorio incluye además prácticas de hostigamiento continuas, violentas intimidaciones y amenazas hacia los representantes indígenas y sus comunidades, con la complicidad y encubrimiento de funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad estatales.
Muestra de ésto es la práctica corriente de forzar a personas analfabetas a firmar documentos para que ceder sus derechos de propiedad o someterlos a operaciones de compra y venta totalmente abusivas y denigrantes.
En consonancia con éste desolador panorama, repudiamos enérgicamente la postura de la Ministra de Ambiente, Producción y Trabajo, Paula Bibini, quien muestra abiertamente su intencionalidad en el “desarrollo rural del Chaco Salteño”, demostrando una vez más que el gobierno provincial ve en los territorios nativos, un llano escenario de explotación para los grandes empresarios, desconociendo hasta los más mínimos derechos de las comunidades y sus integrantes.
Ya la historia ha dado innumerables demostraciones de que las promesas de desarrollo son siempre a expensas de las comunidades rurales y en beneficio de los terratenientes o las multinancionales.
Testimonio de ésta lógica es el conflicto azucarero que vive la región y las promesas de progreso del agronegocio y la megamineria.
Las disputas por el territorio muestran una constante y acotada lista de apellidos ligados al poder económico y político: Finca Cuchuy/Braun Peña – Panamerican Energy/Urtubey – SOCMA /Macri – Ingenio el Tabacal/Patrón Costas, solo por dar unos pocos ejemplos.
Es necesaria una política de Estado que intervenga de forma real y equitativa frente a estas situaciones, que respete los tratados internacionales y las leyes vigentes que protegen el ambiente y a las poblaciones afectadas haciendo efectivo su derecho a la identidad,a su participación, al consentimiento informado sobre todas las políticas que los involucren, y principalmente, garantizando el derecho de propiedad ancestral sobre sus territorios.
Del mismo modo resulta prioritario que se cumplan y reglamenten las leyes vigentes que protegen el medio ambiente. Como así también la implementación de políticas publicas que incluyan a la comunidad científica/academica y a las organizaciones de la sociedad civil que de manera sostenida trabajan en acciones e intervenciones ante la desidia del Estado.
