En otro fallo adverso, el juez de Transición 1, Pablo Arancibia, resolvió rechazar el pedido del senador nacional y candidato a gobernador, Juan Carlos Romero, para impedir que se avance sobre la ruta financiera del negociado de La Ciénaga, causa penal en la que el ex gobernador es el principal acusado.
Romero, imputado por el delito de peculado junto a su hijo, Juan Esteban, otros familiares, su abogado personal, Alberto Raymundo Sosa y ex funcionarios, había planteado un bloqueo de los datos bancarios que el juez Arancibia, a instancia del fiscal penal, Rodrigo González Miralpeix, pretendía obtener a partir de un pedido de informes al Banco Macro Bansud.
El pedido del juez y el fiscal giraba en torno a lo relacionado a la emisión de cheques, cuentas en la que se acreditó e identidades de las personas que lo cobraron, operaciones bancarias que se hicieron en torno a la causa de La Ciénaga.
Maniobras inmobiliarias
En esta causa penal, iniciada en el año 2010, el juez Arancibia intenta establecer la ruta del dinero del entramado de maniobras inmobiliarias realizadas por los acusados, entre ellos Romero, Sosa y José Luis Agustoni, el “testaferro” utilizado para sacar del patrimonio estatal las 90 hectáreas de La Ciénaga.
Este terreno, como ya se sabe, fue adquirido por el gobierno de Romero por 1.100.000 pesos, dinero que fue girado al ex Banco Provincial para saldar deudas del vendedor de las tierras, Domingo Martín, quien es uno de los catorce imputados que tiene el caso.
1.800 viviendas
Las tierras fueron adquiridas en el año 1998 por la Provincia para ser destinadas a la construcción de viviendas sociales, siendo asignadas al Programa de Familia Propietaria, en ese entonces a cargo del arquitecto, Héctor Alexandrovich (f), cuñado del ex gobernador.
Llamativamente, este ex funcionario, nunca llevó adelante las gestiones necesarias para la construcción de viviendas en las 90 hectáreas, terreno donde se podrían haber edificado 1800 viviendas, según una pericia realizada en el marco de esta causa.
Seis años después de la compra de estas tierras, y luego de que el ex ministro de Producción, Gilberto Oviedo (estrechamente vinculado a Romero), compró más de 700 hectáreas alrededor de las 90 adquiridas y asignadas a Familia Propietaria, apareció en escena Agustoni.
Este acusado, un analista de sistema, directivo de rugby, amigo personal del abogado Sosa, ofertó al Instituto Provincial de la Vivienda un terreno de 11 hectáreas, por las cuales el gobierno de Romero aceptó pagarle, según lo declarado por Agustoni, 1.200.000 pesos.
De esa suma, 500 mil pesos fueron pagados con un terreno que la Provincia le cedió a Agustoni. Esas tierras eran las 90 hectáreas de La Ciénaga, propiedad que luego fueron vendidas a la escribana Cecilia Pérez de La Fuente, socia del ex escribano de gobierno, Víctor Manuel Brizuela, cuñado del abogado Sosa.
Lo llamativo, y sospechoso, fue que el terreno fue vendido por la suma de 100 mil pesos, y que la escribana, también imputada, luego revendió esa propiedad a la sociedad Estancia El Carmen S.A., propiedad de los Romero y presidida, al momento de la operación, por el hijo del ex gobernador.
- Fuente Nuevo Diario de Salta
