Desde las denuncias realizadas en dos fiscalías son incesantes sus peregrinajes en la justicia, los padecimientos laborales y las amenazas. Sin embargo la empleada municipal de planta permanente Marina Córdoba clama: “quiero volver a mi trabajo”, aun en contra las indicaciones de organismos de la Mujer sobre que no están dadas las condiciones.
Ataques de pánico y depresión
“Estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico, medicada por ataques de pánico y depresión”, dijo angustiada la víctima y clama a la jueza intervenga para que intime a “la intendencia a cumplir de manera efectiva con mi designación, respetando mi función. No quiero seguir castigada, sin realizar mis tareas”, añadió.
“Quiero trabajar tranquila. Superar ya esta situación y trabajar para la gente”, imploró Marina. El caso es que hasta la fecha sus denuncias siguen sin una resolución judicial y sus labores administrativas tampoco están resueltas, por lo que se siente re victimizada, suspendida en el aire y sicológicamente desahuciada porque no puede cumplir con sus labores profesionales.
“Tengo la necesidad de volver a mi lugar de trabajo, cuando ya está todo a las claras, cumplí con todo lo que me pidieron legalmente pero todavía no puedo. A mí me abusaron en la Municipalidad de Vaqueros y a pesar todas las pericias del Polo de la Mujer, de la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF), Etc, contraindicaron que a ese lugar de trabajo yo no puedo volver, tengo que seguir con mi vida laboral y profesional”, reclama Marina Córdoba en una reciente entrevista en FM Pacífico.
“Me dijeron que puedo presentarme recién cuando obtenga el alta médica, aun cuando la justicia no resuelve, ya que me mandaron al Hospital Ragone y hasta la fecha no actúan conforme al proceso administrativo y yo sigo así en el aire”, agregó Córdoba quien se desempeña como directora a cargo de Desarrollo Económico del municipio y Secretaría de la Mesa de Desarrollo Territorial del departamento de La Caldera.
Marina fue víctima de abuso, acoso sexual, violencia de género y luego también de violencia laboral. Tiene sus denuncias que duermen en dos fiscalías y siete ampliaciones de denuncias por maltratos sucesivos desde noviembre del 2019, desde que el asesor político de la municipalidad de Vaqueros y secretario del Foro de Intendentes, Daniel Osvaldo Romero, abusa de ella con toqueteos, manoseos para acceder al acto sexual, y al no obtener lo que quería desde ese día sufre una serie interminable de hostigamientos físicos, laborales y también amenazas, dado que Romero influye en las decisiones del intendente.
Represalias por un caso mafioso
Su situación laboral se complicó más aun cuando denunció por sus redes sociales la vinculación del asesinato mafioso de Darío Monges con la Municipalidad de Vaqueros, dado que ella aseguró que este sujeto era custodio del municipio. Monges apareció muerto en septiembre del 2022, en una camioneta Ford Eco Sport, en una calle del barrio “El Círculo” de la capital. Tenía cinco balazos en la cabeza.
A la espera de alguna resolución judicial, los trámites para la vuelta a sus labores siguen restringidos. Para salir de ese ámbito hostil donde sufrió todo tipo de violencia laboral, fue pedida su adscripción a la Cámara de Diputados y de Senadores, pero fue también rechazado.
Argumentaron que Córdoba aun no puede ser enviada por orden de la intendencia hasta tanto no obtenga el informe de alta médica de sus estudios sicológicos expedido por el hospital Miguel Ragone, lo que indica además de dónde viene también la violencia laboral.
“Siempre quiso tu cuerpito”
Marina Córdoba González, empleada del municipio de Vaqueros, sufrió dos acosos sexuales denunciados y además acusa al intendente de encubrimiento y violencia de género por su respuesta a su pedido ayuda.
Primero, un alto funcionario de obras públicas de la Municipalidad, cuñado del intendente Daniel Moreno y el segundo fue con Daniel Romero, su asesor político sin nombramiento y jefe de campaña política del jefe comunal, quien va por su cuarto mandato en las próximas elecciones.
El propio Daniel Moreno está acusado por encubrimiento debido a que, cuando fue a pedirle que tome cartas en el asunto contra su jefe de campaña, según figura en las declaraciones del expediente su respuesta fue: “Pasa esto y siempre va a pasar porque siempre quiso tu cuerpito, porque tu cuerpito genera violencia sexual”.
Lo cierto que esta causa sigue su lento trámite en la justicia, que normalmente actúa rápido con el tema abusadores sexuales, sin embargo al parecer esto sólo se cumple cuando no haya una figura con poder en el medio.
Lo confirma inexplicable lentitud de la justicia salteña con el tema de las numerosas causas que no avanzan contra intendentes o ex intendentes por corrupción e incluso condenados por abuso sexual que pueden volver a presentarse como candidatos y los diversos juicios por algún motivo o planteo judicial se siguen postergando o suspendiendo.
Desde sus denuncias en 2022, hasta la fecha la Justicia solo ordenó la realización de talleres de concientización en el municipio y una consigna policial en el domicilio de la denunciante. Según sus dichos ha sido víctima y revictimizada una y otra vez con la persecución laboral y continuo destrato.
En su denuncia judicial pidió que “Daniel Romero no haga nunca más lo que hizo en 2019, ni a ella ni a nadie. Respecto al intendente, quiere poder trabajar tranquila en sus funciones, dignamente y valorada, calificada de acuerdo a sus capacidades y conocimientos y a no ser maltratada”.
Resoluciones que no se cumplen
La resolución de la Justicia hasta la fecha fue mínima, solo intimó a Romero a “abstenerse de ejercer actos de violencia sexual, psicológica, simbólica y psíquica en todos los ámbitos en contra de la denunciante”. Por otro lado, sólo exhortó a Daniel Moreno a activar mecanismos de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito que le compete. Nada de esto hasta la fecha se cumplió.
Según se desprende del expediente acusatorio, la víctima cuando pidió la intervención de un equipo interdisciplinario, determinó: “se trata de un caso de violencia de género, sexual, psicológica y simbólica en el ámbito laboral”.
Además el informe dice que cuando recurrió al intendente Daniel Moreno, no tuvo respuesta ni protección, sino todo lo contrario, actuó con represalias, por esto Córdoba tiene “sentimientos de opresión, desatención, desprotección y un permanente sentimiento de impotencia y desazón”, que derivaron en “estados de estrés, angustia y síntomas físicos, al percibirse aislada y segregada del trabajo”.
