Un atardecer de 1981, en una calle de barrio de la ciudad de Salta, cinco changuitos de 8, 9, 11 y 12 años jugaban en el esqueleto de un automóvil. De pronto, se vieron rodeados por un espectacular operativo policial, con automóviles que cortaban la calle. Unos policías los levantaron en vilo, los metieron en un móvil y, en medio de golpes, los llevaron a la Seccional 2°, donde la paliza siguió.
En esa comisaría fueron azotados durante veinte minutos. Ahí supieron que los acusaban por la quema de varios coches, ninguno de ellos podía confesar el hecho, porque lo desconocían, como bien sabían sus torturadores.
Al cabo de treinta minutos los llevaron a la Brigada de Investigaciones, donde estuvieron detenidos durante diez días, y donde también fueron torturados. El primer día Pedro, que entonces tenía 9 años, fue llevado en andas por un policía a un baño donde lo sometieron a la tortura conocida como “submarino”, hundieron su cabeza en un balde con agua fría ahogándolo. Los siguientes días fueron sometidos a simulacros de fusilamiento, los ponían contra la pared y les gatillaban armas. También, entre otros vejámenes que la memoria de cada uno va trayendo para completar el relato, los sometían a la tortura que llamaban “buscar petróleo”, los obligaban a andar en cuclillas y comer tierra.
El segundo día se les sumó José, entonces de 12 años, detenido fuera del comercio donde ayudaba a su tío. También José fue golpeado y torturado y también estuvo en la Brigada.
La crueldad de policías y operadores del sistema judicial, como el entonces juez Fernando Marinaro, no concluyó ahí. Tras violentarlos de todas las formas posibles, los institucionalizaron derivándolos a distintos centros de menores: Omar Ricardo Subia, el más pequeño, de solo ocho años de edad, fue enviado a un Instituto de Menores Cerrillos; Pablo Andrés Gramaglia y Pedro Román Salva, ambos de nueve años, fueron a otro de La Merced, mientras que los mayores, Hugo José López, de 11 años, y Félix Nicolás Salva, de 12 años, fueron internados en San Lorenzo. Y tiempo después, cuando lograron salir, quedaron, como pasó con Pedro y su hermano Félix, en libertad condicional, por las mañanas debían asistir a una guadería y por la tarde a clases, y todas los meses debían entregar en la Jefatura de Policía las certificaciones que lo demostraran.
El último detenido, Juan José Vázquez, recuperó su libertad tras los diez días de detención, recordó en conversación con Salta/12, antes de ir a ocuparse de su oficio, compraventa de chatarra y venta de tierra y plantas, para sostener a sus ocho hijes, y lograr que estudien.
Estos hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad por la Justicia Federal en 2019. Sin embargo, se conocieron recién ahora porque uno de aquellos niños, Pedro Román Salva, reclama un pedido de disculpas del Estado. “La Policía tiene que ir por la casa de los seis, tocar la puerta y pedir disculpas. Voy a pedir que por todos los medios pidan disculpas”, exigió. El jefe de la Policía de Salta debería pedir disculpas, insistió.
A sus 51 años, 42 años después de aquellos hechos que lo marcaron para toda su vida -que hacen de su vida una pelea cada día- Pedro Salva sigue buscando un gesto, una mirada del Estado. Un pedido de disculpas, algo que indique que aquella injusticia no pasará inadvertida. En ese afán hizo en 2019 la denuncia formal y por eso mismo exige que la Policía de Salta pida perdón.
De aquellos seis changuitos salteños, Pedro es el único que intentó que se investiguen los crímenes cometidos contra ellos. No es que les haya faltado voluntad para denunciar, es que no sabían como hacerlo. Además de sus cortas edades, los seis provenían de familias de escasos recursos, y sus vidas, ya difíciles, se hicieron todavía peor tras el trauma de las detenciones, las torturas y el señalamiento social con la difusión de las acusaciones que la Policía y la administración de (in)justicia les enrostró. Ahora mismo la mayoría trabaja en empleos informales.
Una denuncia 30 años después
El mismo Pedro anduvo bastante antes de encontrarse con alguien que le indicó donde podía denunciar este hecho, así llegó a la fiscalía federal, que dictaminó a su favor, entendiendo que se trató de delitos de lesa humanidad y que la acción penal estaba vigente, como finalmente lo declaró, el 26 de diciembre de 2019, lajueza federal Mariela Giménez: “la acción penal en las presentes actuaciones respecto de los hechos denunciados por Pedro Tomás Salva se encuentra vigente”.
En su dictamen la fiscalía había afirmado que estos hechos fueron cometidos en el marco del gobierno dictatorial de las Fuerzas Armadas, que “ejercieron un control absoluto de facto sobre las instituciones del país, anulando con ello la vigencia del estado de derecho y, por ende, consumando el avasallamiento de todas las garantías individuales protegidas por nuestra Constitución Nacional”. Estos hechos fueron, dijo la fiscalía, “una grave violación a los derechos humanos”, y se violaron principios de la Declaración de los Derechos del Niño, entre ellos, el que sostiene que los niños y niñas deben en toda circunstancia “figurar entre los primeros que reciban protección y socorro” y el que indica que “el niño debe ser protegido contra toda forma de (…) crueldad”.
La fiscalía sostuvo que el Estado argentino debía investigar estos hechos y “dar una debida respuesta institucional a la familia de la víctima, que satisfaga sus expectativas, en función del derecho a la verdad que le asiste”.
Sin embargo, Pedro Salva recién se enteró de estos avances hace poco, cuando fue a la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entonces supo que los policías Carlos Mamaní y Néstor Hugo Jaime habían sido imputados por “imposición de tortura”, pero la acción penal no avanzó más porque ninguno se encuentra en condiciones de afrontar el juicio.
“Decían que nos iban a desaparecer”
En su denuncia, Pedro contó que el 18 de julio de 1981, a las 19.30, estaba jugando a una cuadra de su casa, ubicada en la calle Rondeau al 1142 del barrio Hernando de Lerma, en el macrocentro salteño, junto a su hermano Félix y sus amigos Andrés, Hugo y Omar. El juego se desarrollaba en el chasis de un auto y ahí los sorprendió la policía y los detuvo acusándolos de ser los responsables de la ola de quema de coches en la ciudad.
Pedro recordó que después de la tortura en la Seccional 2° y en la Brigada, los llevaron a un escritorio y les decían que declararan. Querían que confesaran que habían quemado los automóviles. Y luego, los diez días que estuvieron, “nos ponían contra la pared a los seis” para hacer los simulacros de fusilamiento: “A estos hijos de puta hay que matarlos así“, decían, y les gatillaban en la cabeza, recordó Pedro. A veces alguno era especialmente castigado y quedaba encerrado solo en un calabozo diminuto.
“Nos amenazaban: que nos iban a matar, nos iban a desaparecer“, agregó José. También recordó que, siendo invierno, les echaban agua fría, que los obligaban a limpiar los baños con sus propias manos.
En la resolución judicial se afirma que José recuperó la libertad el 24 de julio de 1981, seis días después de su detención. Como sea, su vida había cambiado. Huérfano de padre, con un hogar en el que no tenía toda la contención que hubiera necesitado, reaccionaba con violencia a las burlas en la escuela, no pudo terminar el séptimo grado, se volvió más solitario y ya de joven fue detenido por delitos contra la propiedad.
De los otros, Hugo López fue liberado el 10 de agosto de 1981; el 27 de agosto fueron liberados Pedro y Félix Salva. El 29 de octubre de 1981 Félix, Hugo y José Vázquez fueron sobreseídos por inimputabilidad. Sobre Pedro Salva, Omar Subia y Pablo Andrés Gramaglia se desestimaron las actuaciones por “resultar incapaces de incapacidad absoluta en razón de su edad”. Los dos últimos estuvieron más tiempo detenidos: Andrés recuperó su libertad el 11 de diciembre de 1981, y Omar, el más chiquito, salió recién el 14 de diciembre de ese año.
Según una publicación de la época del diario El Tribuno, que a su vez cita información de la Jefatura de Policía de Salta, en junio de 1981 se había incendiado 11 autos en la ciudad capital.
Otra muestra del grado de impunidad con el que se manejaba la Policía de la provincia (además de su crueldad, que permanece en la actualidad, como lo prueban los hechos de violencia institucional) es que las publicaciones periodísticas dan cuenta de que se sabía con certeza que los “quemacoches” eran personas adultas, dado que un vecino los había visto cuando intentaban incendiar su rural y había informado que eran tres personas. La prensa no lo dice pero es obvio que habla de personas adultas. Es decir que la Policía sabía con claridad que los niños que detuvo y torturó no eran los incendiarios que decía buscar.
El mismo diario informaba en potencial: “Habrían sido detenidos los incendiarios de automotores”. “La policía de la provincia, habría detenido antenoche a un grupo de cinco menores, cuando procedía a prender fuego a dos automotores estacionados en la intersección de las calles Lavalle y San Felipe y Santiago”. “Los jóvenes delincuentes contarían con edades oscilantes entre los 8 y 12 años”, añadía el diario.
El 25 de julio el diario aseguraba: “Siguen detenidos los menores incendiarios”. También daba cuenta de que seguían “a disposición del juez de Instrucción y Juez de Menores en Feria, dr. Fernando Marinaro”. “Trascendió que el magistrado a cargo de la causa, aún no tomó declaración indagatoria a ninguno de los deteniso, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 8 años”, afirmaba el matutino.
Pedro Salva consideró que Marinaro también debió ser investigado, porque convalidó la tortura que sufrieron. Y, efectivamente, contó que cuando su padre consiguió una audiencia con la secretaria del Juzgado, “ella le dijo que sabían que éramos inocentes pero como ya abía salido en los diarios que habían agarrado a los incendiarios, iban a quedar mal (si les permitían salir sin continuar con la farsa de la investigación)”.
El padecimiento posterior de los seis habla también de las múltiples formas en que se expresó la crueldad de la última dictadura cívico militar, y cómo afecto a personas que nada tenían que ver con el golpe de estado: esos niños que habían padecido el terrorismo estatal eran señalados en el barrio, y tuvieron que soportar también “estar aislados, porque nadie debaja que sus hijos se junten con nosotros“.
Informe: Elena Corvalán
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