Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, condenó también a los hermanos Vilardel: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, a 7 años de prisión efectiva, Jorge Federico Vilardel, a 5 años de prisión efectiva, y Ana Lucía de los Ángeles Vilardel, a 3 años de prisión condicional. La quinta imputada, Vilma Griselda Albornoz, fue absuelta.
Cositorto deberá cumplir 11 años de prisión efectiva como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe organizador y estafa bajo la modalidad de delito continuo, en concurso real. Ordenaron que continuaran alojados en la cárcel penitenciaria local.
En tanto que a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel los jueces le dictaron una pena de siete años de prisión efectiva como autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y estafa bajo la modalidad de delito continuo, en concurso real.
El tribunal ordenó hacer cesar la medida cautelar impuesta por la Sala I del Tribunal de Impugnación en marzo de 2023 y dispuso su inmediata detención y alojamiento en la cárcel local.
Por los mismos delitos que su hermano, Jorge Federico Vilardel, fue condenado a cinco años de prisión efectiva. También cumplirá la pena en la institución penitenciaria local.
Finalmente, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz fueron condenadas a tres años de prisión condicional como autoras de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y estafa bajo la modalidad de delito continuado, en concurso real.
Se dispuso la libertad inmediata de ambas, sin perjuicio de lo dispuesto por otro tribunal, y se les fijó reglas de conducta que deberán cumplir durante tres años. Entre ellas, constituyen domicilio real y comunicar cualquier cambio, y realizar al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados.
Los hicieron lugar al pedido del representante del Ministerio Público y ordenaron enviar a la fiscalía penal de turno las actas correspondientes a la declaración de uno de los testigos por posible comisión del delito de falso testimonio.
El tribunal estuvo integrado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público intervino la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
La financiera Generación Zoe -que tenía sede en Salta- comenzó a ser investigada en 2022 a partir de múltiples denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados.
Se logró determinar que Cositorto lideraba una empresa que operaba a través de un esquema fraudulento: atraía inversores con la promesa de una rentabilidad muy elevada: entre el 7,5% y el 10% mensual, alcanzando el 120% anual. Pero la ganancia prometida no procedía de las actividades financieras y comerciales que promocionaba Generación Zoe, sino de los fondos frescos depositados por nuevos inversores.
