Lo que se puede ver en la revista virtual, es un informe de la Fundación Asociana basado en las audiencias públicas convocadas para proyectos de deforestación (o desmontes) en la Provincia de Salta, Argentina.
Los datos presentados en este informe fueron recopilados de la versión diguital del Boletín Oficial de Salta y de los expedientes administrados por la Oficina de Audiencias Públicas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta (SEMADES).
Abarca el período que va desde setiembre del 2004 hasta diciembre del 2007, al término de la gestión de gobierno de Juan Carlos Romero y el comienzo de la gestión del gobernador electo Juan Manuel Urtubey.
Desmontes y Soja-Power
- Por Claudio Scaletta
En el período 2004-2007 se autorizó el desmonte de más 800.000 hectáreas en Salta. Los grandes terratenientes beneficiados son empresas líderes en la producción sojera de la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
Sin desmontes no existiría la agricultura. Por eso vale la pena detenerse en cómo avanza la agricultura sojera en Salta. Es decir, los desmontes del bosque nativo y la expulsión de sus pobladores, dato que en forma superestructural ayuda también a comprender la presencia nacional de algunos políticos estandartes del Soja-Power con base territorial en esta provincia norteña. Además, el análisis sirve para redescubrir la potencia del recorte explicativo implícito en el análisis de una economía regional. Lo que sucede en una región, nunca se explica sólo en la región, sino en la inserción de estos subespacios en la economía nacional y mundial.
En una investigación de reciente publicación de Andrés Leake y María del Ecónomo sobre La deforestación en Salta 2004-2007, trabajo cuya fuente no son los desmontes efectivos sino las autorizaciones de desmonte publicadas en el Boletín Oficial provincial y en los expedientes correspondientes a las audiencias públicas de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semades), se detalla la autorización para desmontar más 800.000 hectáreas en los cuatro años bajo análisis. Además se precisa que más de la mitad de estas autorizaciones se otorgaron en el último año investigado, punto que pone en primer plano la alarmante aceleración del proceso. En 2007 la mayor concentración se dio en noviembre, cuando la superficie afectada ascendió a 130.602 hectáreas, con lo que en cuatro semanas se autorizaron planes de deforestación de una superficie mayor a la del año anterior.
Aunque los trámites de desmonte alcanzaron a nueve departamentos de la provincia, casi el 98 por ciento de la superficie afectada se concentra en cinco departamentos: Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán. Anta, el corazón sojero del sur provincial, ya perdió la mayor parte de su cobertura forestal. En el período 1960-90 fue por la expansión porotera, luego por la soja.
En el período 2002-2008 el área implantada con soja en la provincia se duplicó. En el departamento de San Martín el incremento del área fue del 443 por ciento, mientras que las áreas de expansión originaria del cultivo, como Anta, registran un aumento reducido: 34 por ciento para igual período. El departamento de San Martín cubría el 8,8 por ciento de la superficie con soja provincial en 2002 y el 25 por ciento en 2008. Estas cifras destacan la expansión del modelo hacia el norte y el oeste, expansión que fue acompañada por el aumento del ciclo húmedo hacia el oeste desde la década del ‘70.
Un punto interesante de la investigación es la pregunta de quiénes son los “proponentes” de las autorizaciones para desmontar. La respuesta, si se dijese rápido, es muy pocos. Más de la cuarta parte de la superficie afectada durante el período bajo estudio se concentró en cinco proponentes. A su vez, se observa que la mitad de la superficie corresponde a dieciséis proponentes. Entre estos grandes terratenientes beneficiados con autorizaciones de desmonte en la provincia figuran empresas que son líderes en la producción de la zona productora núcleo de la Pampa Húmeda, como la firma Cresud.
La deforestación se concentra actualmente en zonas donde se encuentran los principales remanentes del bosque tropical seco del Chaco Salteño, con enormes superficies ya autorizadas para deforestar. Esta situación supone un riesgo para la integridad ecológica de una región habitada por más de 200 comunidades indígenas, unos 25.000 aborígenes cazadores-recolectores, y un importante número de puesteros criollos con derechos precarios sobre la propiedad de la tierra.
- Publicado en el diario Página/12
Domingo, 15 de noviembre de 2009.